Mediante el Decreto 1285 del 2 de agosto de 2023, firmado por el presidente Gustavo Petro, se procede a la modificación de algunos artículos del Decreto 1066 de 2015, el cual se refiere a los Programas de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades.
El documento establece qué ciudadanos requieren esquemas de seguridad en el país, incluyendo dirigentes y activistas políticos, sindicales, sociales y víctimas; defensores de los derechos humanos, representantes de grupos étnicos, comunicadores sociales, servidores públicos y ex servidores públicos en alto riesgo.
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Asimismo, el documento llevará a cabo una revaluación del riesgo para aquellas personas que fueron objeto de medidas de protección bajo el Decreto 1064 del 24 de junio de 2022, emitido durante el gobierno de Iván Duque, con un enfoque particular en los exfuncionarios del Consejo de Seguridad Nacional y "exservidores públicos que hayan tenido la responsabilidad de autorizar la extradición como mecanismo de cooperación judicial internacional."
Después de la revaluación, cuyos resultados se darán a conocer el 12 de agosto, se determinará si las personas continúan enfrentando un riesgo extraordinario, en cuyo caso se mantendrán sus esquemas de seguridad. Por otro lado, si se concluye que no existe tal riesgo, se procederá a la terminación de dichas medidas.