Estados Unidos, Afganistán y Haití: tempestades políticas de 2021 - Parte 1

El 2021 fue un año marcado por varios acontecimientos políticos que suscitaron controversias, reflexiones y, aún hoy en día, incógnitas sobre lo que ocurrirá en algunas naciones del mundo en distintos ámbitos. Magnicidios, estrategias del pasado, estallidos sociales y elecciones presidenciales fueron algunos de los hechos que marcaron la historia de este año.

En Radio Nacional de Colombia hacemos un recuento sobre lo que ocurrió política y socialmente en diferentes latitudes.

Estados Unidos: el día de la infamia

El 6 de enero de 2021 quedará inscrito en la lista de fechas históricas de la infamia que vivirán por siempre en la infamia, decía al caer la noche el senador demócrata Chuck Schumer, entre la indignación, la incredulidad y la incertidumbre vividas en una jornada caótica de la que el mundo fue testigo: el asalto violento de una turba de seguidores del presidente Donald Trump al Congreso de los Estados Unidos.

La sesión de aquel día estaba cargada de simbolismo y de espectacularidad mediática porque debía certificar el triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre de 2021. Se esperaba que esa sesión cerrara el ciclo de hostigamiento y descrédito sin precedentes, de un mandatario (Donald Trump) contra el sistema electoral, opositores políticos, gobiernos de algunos países y medios de comunicación nacionales e internacionales. Todos ellos, decía, eran parte de un plan calculado de fraude en su contra.

El mundo tomó nota aquel día de enemigos internos de la democracia y de la seguridad nacional de los Estados Unidos, el primero de ellos el derrotado mandatario. Desde la campaña, Trump se empecinó en sabotear todo el proceso electoral mediante burdas e ilegales maneras de gobernar: atacando a la prensa que no le era servil, desinformando, mintiendo, interfiriendo o presionando el trabajo de los jueces o propalando discursos de odio y xenofobia.

El 20 de enero, mientras el mundo era testigo de la ceremonia de juramentación del presidente Joe Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris, el mundo despedía al gobernante que justificaba muchos de sus actos de gobierno como un mal necesario para neutralizar supuestas conspiraciones internas y externas. Abandonaba la Casa Blanca el prototipo del gobernante que antepone sus estrategias políticas y sin escrúpulos, por encima de la Constitución, las leyes, los derechos humanos, los tratados internacionales y los organismos multilaterales.

Afganistán: fracaso de una intervención extranjera

Los Talibán han reconquistado el poder político y el control militar de gran parte del territorio afgano.

¿Por qué este desenlace después de dos décadas de ocupación de Estados Unidos y sus aliados militares en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)? ¿Por qué Estados Unidos tira la toalla y se retira?

¿Por qué el presidente Joe Biden mantuvo la decisión de la Casa Blanca en la agonía del gobierno del Donald Trump? El mismo lo dijo sin rodeos y con franqueza: la invasión militar de dos décadas no fue para construir una Nación o crear una democracia central unificada; toda la estrategia fue diseñada y ejecutada para prevenir un ataque terrorista en Estados Unidos.

Biden dio en el clavo. Estados Unidos invadió a Afganistán en octubre de 2001 para derrocar al Gobierno del Talibán, al que acusaba de albergar a Osama Bin Laden y otros líderes de Al Qaeda vinculados a los ataques del 11 de septiembre contra las torres gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington.

La paradoja ahora es que Estados Unidos abandonó el territorio afgano, pero el riesgo de nuevos ataques terroristas está vivo, a pesar de los 110.000 efectivos que llegó a tener en 2011, de los 13000 soldados que la OTAN dispuso desde 2014 --tras finalizar formalmente su misión de combate—para capacitar a las fuerzas armadas afganas y apoyar operativos antiterroristas— en los que participaron hasta finales de 2020, 7800 contratistas privados en tareas de seguridad—. Entre 2001-2019, el gasto militar en Afganistán fue 778.000 millones de dólares, de los cuales 44.000 en proyectos de reconstrucción, 200.000 en apoyo militar al vecino Pakistán. Y, además 30 mil millones del Reino Unido y 19 mil millones de Alemania.

Afganistán explica el fracaso del modelo de intervención de las potencias antes, durante y después de la Guerra Fría y de la caída del simbólico muro de Berlín: subestimaron factores culturales y sociales del pueblo afgano, no tomaron siempre nota de las dinámicas regionales y locales de tipo político y militar, se equivocaron con estrategias de desarrollo y construcción de democracia local o, simplemente, se quedaron cortos en el diseño de estrategias de impacto nacional y regional.

Magnicidio en Haití: seguridad privada, ilegitimidad e ilegalidad

El asesinato del presidente Jovenel Moise, en el que participaron mercenarios colombianos, fue este año el nuevo pretexto para que el mundo se acordará de Haití y buscara una explicación racional y coherente al crimen, más allá de las circunstancias de modo, tiempo y lugar.

En síntesis:

• El Partido Haitiano de las Cabezas Rapadas (PHTK) llegó al poder en 2010, año del terremoto, con el apoyo de Bill Clinton, con un proyecto de extrema derecha, neoliberal y con algunos rasgos de la dictadura de los Duvalier. Moise llegó al poder mediante elecciones con rastros de fraude y con una abstención del 80 por ciento, es decir, con legalidad y sin legitimidad.

• El 7 de febrero de este año, Moise pasó al campo de la ilegalidad: desconoció un fallo del Consejo Superior del Poder Judicial que dirimió una disputa sobre si su mandato debía contabilizarse desde 2015 –con elecciones que fueron anuladas— o desde el 2016 cuando fueron convocadas de nuevo. Moise anunció que se quedaría hasta febrero de 2022 y denunció que había un plan para asesinarlo como, en efecto, ocurrió el 11 de julio. Esta semana el periódico NYT aseguró que lo mataron narcotraficantes a los que el mandatario iba a denunciar en los Estados Unidos.

• El clima político se exacerbó porque la ONU y la OEA apoyaron a Moise, considerado desde entonces por la oposición política y organizaciones sociales como un mandatario de facto. Ese respaldo fue interpretado como un pisotón a la Constitución y una bofetada a un proceso organizativo para ampliar la democracia que empezó en 2018.

• A la crisis social y económica de vieja data, se sumó una oleada creciente de criminalidad común desde ese mismo año. Criminalidad que estaría ligada al poder político establecido y al tráfico ilegal de armas desde 2018—unas 500.000, según una comisión gubernamental—. Ello explicaría la ocurrencia de trece masacres en barriadas pobres o en lugares donde ha habido más movilización y organización popular.

• La criminalidad organizada y los carteles de la droga operan a sus anchas en un país donde la Policía Nacional es débil y sin Fuerzas Armadas; éstas fueron disueltas desde 2009 durante el gobierno del derrocado presidente Jean Bertrand Aristide.

• La responsabilidad básica del Estado de proveer seguridad y justicia ha sido suplantada por un modelo de seguridad privada que, explica, en parte la presencia de empresas—la mayoría de origen estadounidense— que prestan servicios de seguridad, como la que contrató a los exmilitares colombianos como mercenarios para asesinar a Moise.