El Decreto 1851 de 2021 que autoriza la creación de 1.208 cargos en la Procuraduría General de la Nación corresponde al resultado de un estudio de cargas hecho por el Departamento Administrativo de la Función Pública desde junio pasado, aseguró este lunes la jefe del Ministerio Público, Margarita Cabello Blanco.
La funcionaria respondió a las críticas que ha generado la norma que fue expedida por el presidente Iván Duque el pasado 24 de diciembre, y aclaró que los nombramientos se van a hacer de manera paulatina, que el 89 % de ellos serán de carrera administrativa, y que no habrá adiciones presupuestales para el ente de control.
“En un país con dificultades económicas tras la pandemia, mi preocupación frente al análisis fue cómo resolver los temas de impunidad sin tener que solicitar adiciones presupuestales. Concluimos que los cargos deben irse surtiendo poco a poco, con el propio presupuesto de la PGN y de una manera en que vayamos cumpliendo con la Corte IDH”, agregó Cabello Blanco.
La procuradora General insistió en que su única finalidad “es dejar una institucionalidad fuerte contra la impunidad y en defensa de la Constitución y los derechos de los ciudadanos”, pues explicó que al llegar al Ministerio Público encontró que “no se había asumido la responsabilidad para acatar del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, por lo que presentó la Ley 2094 de 2021 para que el Estado colombiano cumpla la decisión.
“Desde que la Corte Interamericana nos obligó a cambiar el ordenamiento interno de la Procuraduría General de la Nación nace esta posibilidad. Para cumplir con el fallo de la Corte debimos separar funciones de instrucción y juzgamiento, tener la garantía de doble instancia en todos los procesos disciplinarios y crear la doble conformidad. Los procuradores delegados, regionales y provinciales no pueden instruir y fallar al mismo tiempo. La Corte IDH dice que eso viola las garantías al debido proceso”, aseguró.
Según dijo, durante los pasados meses de junio, julio y agosto se tuvo que reorganizar internamente la Entidad para garantizar que el mismo funcionario que formule los cargos no fuera quien dictara la sentencia disciplinaria, y distribuir así funciones en 2022. Lo anterior implicó que delegados, regionales y distritales tuvieran que responder por sus funciones y por otras adicionales de manera provisional.
De acuerdo con la jefe del organismo de control, durante los tres meses anteriores se abrieron 2.644 investigaciones, 1.207 contra funcionarios de elección popular y formuló 344 pliegos de cargos.
También explicó que 22% de los cargos serán destinados a promover el acceso al programa del primer empleo, y agregó que la Sala de Juzgamiento de Funcionarios de Elección Popular será elegida por concurso, el cual estará liderado por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
“Esta es la primera Procuraduría que establece en la Ley 2094 una sala para funcionarios de elección popular que va a elegida por concurso de la Comisión. Hemos dado todas las garantías, vamos con la serenidad debida, aquí no hay un interés político”, ratificó.