De acuerdo con el ente de control, pese a que se han realizado tres Planes Nacionales de Desarrollo, se han incumplido las metas para estructurar y poner en funcionamiento el Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI).
“Los pueblos indígenas han afrontado, históricamente, grandes brechas en salud respecto del resto de la población. Por ejemplo, en los últimos 10 años la tasa de mortalidad materna en la población indígena ha sido entre 6 a 2,5 veces mayor que en la población nacional”, recalcó.
En el informe, la Contraloría destacó que durante el período 2010-2022, el Gobierno Nacional asignó recursos por $20.193 millones, de los cuales solo ejecutó el 47%. Paralelamente, giró recursos por $50.043 millones entre 2012 y 2022, a entidades territoriales y organizaciones indígenas para el desarrollo de 77 modelos de salud, sin criterios técnicos, y sin un control y seguimiento adecuado de sus avances y resultados.
Estos hechos para el ente de control demuestran que “el Ministerio de Salud y Protección Social no lleva una clara identificación de modelos financiados, la población beneficiada, los recursos asignados por modelo y la continuidad de resultados. Esta falta de control dificulta la evaluación y rendición de cuentas efectiva”.
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La Contraloría, asimismo, reveló que los recursos que se han asignado, han sido sin criterios técnicos sólidos y transparentes; la distribución de fondos no guarda coherencia con los territorios donde se presentan las mayores brechas en salud de la población indígena, lo que podría resultar en una distribución inadecuada e inequitativa de los recursos públicos.