Más de 130 instituciones y asociaciones científicas, académicas, gremiales y del sector salud le solicitaron al Gobierno Nacional derogar la resolución 777, en la que se establecen condiciones para la reapertura de las actividades económicas y sociales, por considerar que el momento actual de la pandemia es el más crítico e inoportuno para iniciar la apertura económica del país.
En una declaración conjunta firmada por las Asociaciones de Medicina Critica y Cuidado Intensivo, de Medicina Interna, de Salud Pública, de Medicina de Urgencias y Emergencias, de enfermeras; los colegios médicos de Bogotá, Antioquia, Arauca, Atlántico, Cundinamarca Boyacá, entre muchos otros, indicaron que el país vive el impacto de un crecimiento progresivo del tercer pico de pandemia: altos índices de muertes y contagios, colapso de la red hospitalaria, desabastecimiento de oxígeno e insumos, crisis del talento humano y riesgo para la sostenibilidad del sistema sanitario.
“En medio de esta crisis humanitaria, el Gobierno expidió la Resolución 777 (junio 2 del 2021), cuyos lineamientos, según los datos oficiales actuales, no tienen conexión con el contexto epidemiológico del país, por lo cual, esta política pública coyuntural debe ser sometida a un nuevo análisis de validez, precisión, oportunidad y pertinencia ante la urgente situación sanitaria que compromete la vida de miles de personas”, indicaron los firmantes.
Según el sector médico, las cifras muestran un panorama desalentador. Por ejemplo, indican que Colombia se ubica hoy entre los países con más nuevas muertes por Covid-19. Además, indican que los servicios de urgencias tienen una sobreocupación que llega al 200 o 300%, limitando la capacidad de respuesta.
Indican también que el talento humano en salud hoy es insuficiente para atender las necesidades de expansión de los servicios de urgencias, hospitalización y UCI y que más del 40% de ellos reportan altos niveles de agotamiento.
“Es innegable el colapso del sistema de salud teniendo en cuenta los siguientes indicadores: pacientes que se encuentran en lista de espera para ingreso a UCI, pacientes ventilados por fuera de UCI (quirófanos, recuperación, hospitalización y urgencias), número de pacientes en las UCRES (Unidades de Cuidado Respiratorio Especiales), sobreocupación en los servicios de urgencias y el creciente desabastecimiento de medicamentos, insumos, oxígeno y tecnologías que por su número han superado la capacidad instalada”, afirmaron.
En su declaración, las organizaciones hicieron una crítica especial al Índice de Resiliencia Epidemiológica, creado por el Ministerio de Salud con el fin de guiar la reapertura. Según las asociaciones médicas, el índice carece de evidencia científica publicada y no puede ser la estrategia orientadora de la política de apertura económica en el país. Por todo lo anterior, las organizaciones le pidieron al Gobierno retardar la reapertura económica, considerando que el momento actual no es oportuno y destacando que para hacerlo se necesitan medidas y condiciones epidemiológicas propicias.
“Entendemos la necesidad de la reactivación económica y la recuperación social del país. Sin embargo, el Ministerio de Salud y de Protección Social debe establecer políticas informadas en datos fehacientes y evidencia científica que sustenten acciones concretas y escalonadas para dicha reapertura”, indicaron.
Además, pidieron que las medidas sean concertadas con la academia y las agremiaciones en salud, por lo que pidieron al Ministerio reunirse con los firmantes a más tardar el 9 de junio para crear un espacio de trabajo que permita profundizar en sus reparos y planteamientos frente a la reapertura económica. “Hacemos un llamado a las autoridades en salud y a los ciudadanos en general a anteponer la vida sobre cualquier consideración social, política o económica que agudice la crisis de salud”, solicitaron.
En su declaración, las organizaciones también destacan que ante la crítica situación se deben implementar medidas focalizadas, entre las que destacan el rastreo masivo y la detección temprana de casos, una estrategia de soporte económico para los más vulnerables, políticas para ampliar la infraestructura hospitalaria, garantías laborales para el talento humano en salud, entre otras medidas para hacer frente a la crisis.