Bajo las premisas de que “las verdades del conflicto armado deben conocerse” y que no fueron consultados cuando se dio su extradición a Estados Unidos, la Mesa de Víctimas del Atlántico pidió que ‘Jorge 40’, desmovilizado comandante paramilitar del Bloque Norte cuyo eje de operaciones fue el Caribe colombiano, sea admitido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Misael Delgado Rada, representante de la Mesa de Víctimas del Atlántico, manifestó su desconfianza hacia la justicia ordinaria que asumirá las 1.400 investigaciones en curso contra Rodrigo Tovar Pupo (‘Jorge 40’) luego de que este último fuese expulsado de la ley de Justicia y Paz y rechazado, después, por la JEP. “Esos procesos van a fracasar por la impunidad que existe. Hay que abrir la posibilidad de que él sea escuchado por la justicia especial y de que tenga garantías”, dijo.
Tovar Pupo perdió los beneficios que se le concedieron al someterse a Justicia y Paz debido a que incumplió los compromisos adquiridos. Ahora está a la espera de que la JEP lo acepte como un tercero que participó en el conflicto armado, luego de que ese tribunal lo inadmitiera como actor principal de la guerra con el argumento de que los paramilitares no hacen parte de su competencia.
En medio de esto se dio su deportación hacia Colombia desde Estados Unidos, país donde ‘Jorge 40’ pagó 12 años de cárcel por narcotráfico. Para Delgado Rada, se trata de una valiosa oportunidad que las víctimas tienen al alcance de la mano. “Así como se escucha a las Farc y a los del Ejército, debe reconocerse ese mismo derecho a participar en la justicia especial a ‘Jorge 40’. La verdad está por encima de todos los derechos”, sostuvo.
Entre los asuntos que las víctimas esperan que ‘Jorge 40’ ventile están el paradero de las personas desaparecidas por las AUC y los vínculos de ese grupo con empresarios y políticos de la región.