Su visita responde a una invitación de Rodrigo Chaves Robles. Según trascendió, uno de los objetivos es profundizar aspectos de la relación comercial entre ambos países.
Los exguerrilleros aceptaron su responsabilidad en delitos relacionados con secuestro, desaparición, desplazamiento y violencia sexual en varios departamentos del país.
Fueron afectados con medidas cautelares de extinción del derecho de dominio. Las propiedades fueron avaluadas en $3.246 millones de pesos y están ubicadas en Atlántico, Bolívar y Tolima.
