La decisión la tomó el vicefiscal general (e), Jaime Camacho, al advertir que se cuenta con suficientes pruebas y testimonios de exparamilitares para mantener la acusación en contra de los exdirectivos, por el presunto delito de concierto para delinquir agravado y llamarlos a juicio.
Según la investigación de la Fiscalía, los exdirectivos financiaron a las Autodefensas Unidas de Colombia que delinquían en la zona del Urabá antioqueño, entre 1997 y 2004, con el objetivo de que la empresa no fuera víctima de ningún ataque y proteger de paso a sus trabajadores.
Los paramilitares habrían acordado proteger a la empresa a cambio de un porcentaje de las cajas de banano que eran exportadas, con lo que en concepto de la Fiscalía General, lograron ampliar y consolidar el proyecto de las Autodefensas en esa región.
La empresa presuntamente realizaba los pagos a través de las Convivir, cooperativas de seguridad privada legales, que fueron usadas por grupos paramilitares como fachada, y así evitaron llamar la atención de las autoridades.
En la decisión, el ente investigador también dejó en firme que esta alianza fue un delito de lesa humanidad contra las personas del Urabá antioqueño, que ocasionó múltiples violaciones a los derechos humanos como el homicidio de 4 mil 335 personas, la desaparición de 1.306 personas y el desplazamiento de 1.675 pobladores.
Los exdirectivos acusados son el exasesor jurídico de Chiquita Brands para Colombia, Reinaldo Escobar De La Hoz; Víctor Buitrago Sandoval; John Olivo; Alberto Giacoman Hasbún; José Luis Valverde; el exgerente de Banaldex, Álvaro Acevedo; el exgerente de Banacol; Víctor Manuel Henríquez y el exgerente agrícola, Javier Ochoa.