La soberanía en Colombia: difícil, esquiva y necesaria
Las conmemoraciones patrias 'esconden' sentimientos y emociones, aunque también resistencias. Esas fechas, celebradas de manera sostenida en el tiempo, pretenden unir a la nación y dar cuenta de una idea de pueblo unificada y sólida. La del 20 de julio, y otras similares, dan lugar a pensar en una de las ideas políticas más profundas y difíciles de resolver: la soberanía.
En el himno nacional, en una de sus estrofas cantamos: “pero este gran principio: “el Rey no es soberano”, resuena…”. La frase que le antecede dice: “Independencia grita el mundo americano”. Allí hay mucho que decir para darle contorno y claridad a una idea de soberanía. Para países como el nuestro, con un pasado colonial, la independencia es una condición, pero ¿qué es la soberanía?
Con el surgimiento del Estado Moderno en la Europa renacentista (siglos XV y XVI) se empezó a debatir en torno a ese término. Dos ideas se reiteraban y le daban sentido político: poder y su administración.
El primero en echar a rodar el asunto fue Jean Bodin, un intelectual francés, autor de la obra 'Los seis libros de la república'; allí se refiere a la soberanía como el poder decisorio sobre las leyes de una sociedad. Con esto apareció el soberano, un sujeto —o institución— que legisla sin estar atado a leyes que limiten su papel dominante, y cuyo rol se ha ido justificando a través de la Historia en relación con contextos de constante transformación como:
- Las crisis políticas.
- Las revoluciones.
- La conformación de naciones.
Así contado, no parece un asunto fácil de digerir, pues sin duda ese soberano es dominante y casi omnipresente. Sin embargo, los procesos sociales buscan ponerlo en su lugar y abrir el compás de participación y decisión.
Con la conformación de naciones, la soberanía pasó a ser un asunto de debate internacional. Se buscó que los pueblos, como los definió el filósofo francés Jean Jacques Rousseau, se convirtieran en los soberanos de su destino común al interior de un territorio o nación.
Con las independencias de América, los pueblos del continente asumieron su soberanía frente a un antiguo poder colonial, lo cual implicó la delimitación de los poderes estatales entre las diferentes naciones. La soberanía implica, entonces, dimensiones de libertad legislativa e independencia política. Pero, aun en el mundo contemporáneo, esta forma de entender la soberanía queda en entredicho en casos como los relacionados con los conflictos de índole militar, como la guerra en Palestina, u otros de orden jurídico, como el proceso entre Colombia y Nicaragua por el control de las aguas territoriales en el Caribe.
Ambos ejemplos revelan cómo la soberanía de un pueblo puede verse controvertida por instituciones que exceden al propio Estado. Países con una mayor potencia militar u organizaciones multilaterales pueden constreñir esa soberanía popular.
Las sociedades democráticas sugieren un importante debate alrededor de la soberanía, pues suponen un equilibrio entre instituciones conformadas a partir del ejercicio generalizado del voto y la libre participación en política de los ciudadanos que las conforman.
Sin embargo, los casos de autoritarismo han revelado que esa soberanía puede hallarse en manos de elites conformadas desde ciertas instituciones como el Ejército o como pequeños grupos que ostentan el poder político y económico de manera cerrada y mezquina, excediendo los límites constitucionales e imponiendo políticas que reducen el carácter participativo de la sociedad en su conjunto.
En el caso colombiano, por ejemplo, en el contexto del conflicto armado se ejecutaron acciones que excedieron los límites constitucionales y actualmente son juzgados como crímenes de Estado.
Por otra parte, con la globalización y el protagonismo de las élites económicas, la soberanía del Estado se ha visto replanteada y cuestionada frente al poder de los grandes conglomerados. Esto se observa en el caso del extractivismo minero-energético que supone el deterioro del medio ambiente por su explotación y la concesión del territorio nacional de los países a empresas de carácter multinacional, las cuales obtienen grandes beneficios en detrimento de los recursos que las sociedades requieren para su sustento.
Un caso conocido del contexto colombiano es el del páramo de Santurbán, un delicado ecosistema que provee de agua a varios departamentos, entre ellos, Santander y Norte de Santander, y cuya inminente explotación por parte de una minera canadiense despertó gran indignación popular, generando masivas movilizaciones en contra de los proyectos de megaminería que afectarían la vida rural y urbana de los habitantes de dichos departamentos. La acción popular se enfrentó entonces al poder que el TLC firmado con Canadá, en 2008, porque esto les otorgó a las empresas de dicho país frente a la soberanía nacional.
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Existe un cuestionamiento sobre si la soberanía nacional, representada en instituciones estatales, es similar a la soberanía popular, la cual, según Rousseau, se manifiesta como una tendencia colectiva hacia modelos democráticos.
El caso chileno del plebiscito constitucional resulta ser un gran ejemplo de esta contradicción, pues, en 2022, la constitución creada bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet se jugó su permanencia en unas elecciones donde la mayoría ciudadana votó en contra de su reemplazo, demostrando una preferencia por una política heredada del autoritarismo por encima de propuestas más democráticas presentadas por las nuevas instituciones del Estado.
Sobre este fenómeno señalaba el eclesiástico y político Emmanuel-Joseph Sieyès que el Estado debe ser soberano por encima del pueblo, cuyas motivaciones podían estar cargadas de influencias y pasiones contradictorias del deseo de igualdad social, haciendo necesaria una administración equilibrada del poder desde las instituciones políticas.
Queda entonces un amplio debate por delante, el cual día a día se ve alimentado por las transformaciones históricas que implican la modernidad y la globalización.
