Varios representantes a la Cámara y diputados del Putumayo acompañaron esta demanda de nulidad contra el decreto expedido por el Gobierno Nacional que autorizaría el regreso de la aspersión aérea con glifosato.
“Acudimos a la jurisdicción de lo contencioso administrativo a demandar el decreto 380, este decreto es contrario a la Constitución por eso le hemos pedido como pretensión principal al Consejo de Estado que declare la nulidad del mismo en su totalidad”, explicó el representante a la Cámara, Carlos Ardila.
De acuerdo con el comunicado del congresista, el decreto, además sería “inconstitucional”, porque estaría reglamentando directamente una sentencia judicial de la Corte Constitucional y no una Ley de la República, y ello desconoce el sistema de fuentes del derecho establecido por la Constitución Política.
“Hay una falta de competencia del presidente de la República, él no está autorizado para reglamentar sentencias de la Corte Constitucional. La sentencia es precisa al conminar al Gobierno a que vía Ley de la República se construya una política pública en materia de aspersión con glifosato y eso no ha ocurrido”, denunció el congresista.
Según el representante, el decreto no es claro al determinar la manera en que se aplicará el principio de precaución y da a entender que aún en presencia de riesgos o sospecha razonable de riesgos excesivos a la salud, de cualquier modo se podrá seguir asperjando y realizando la actividad riesgosa.
“El Gobierno Nacional tampoco realizó consulta previa con las comunidades indígenas para poder expedir este decreto, hemos pedido también se suspendan los efectos de este decreto hasta tanto el Consejo de Estado defina la constitucionalidad o legalidad del mismo”, finalizó Ardila.
Congresistas como Juan Carlos Losada, Juanita Goebertus y Rodrigo Rojas también acompañaron esta petición.