“La estigmatización de defensores ha contribuido a la impunidad”: Camilo Bonilla. Comisión Colombiana de Juristas
Del 14 al 22 de noviembre, las luchas de Israel Aguilar, Martha Maldonado, Alondra Metaute, Yirley Velazco, Nevaldo Perea y Fabián Castillo llegarán al especial de Radio Nacional de Colombia: Misión defensores: ¡Qué no nos cueste la vida!
El informe Panorama de violaciones al derecho a la vida, libertad e integridad de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en 2016 y primer semestre de 2017 desarrollado por Indepaz, CINEP, Programa por la paz, IEPRI y Comisión Colombiana de Juristas, evidencia que “Las agresiones y asesinatos de líderes sociales se han centrado en zonas rurales, contra líderes campesinos, indígenas y afrodescendientes que han apoyado el proceso de paz. Se trata de un fenómeno que puede estar relacionado con los intereses de sectores políticos y económicos, que ven con temor la implementación de estos acuerdos, particularmente en lo relacionado con el capítulo de la Reforma Rural Integral, participación política, y solución al problema de drogas ilícitas”. (Lea el informe aquí)
Hablamos con Camilo Bonilla, sociólogo de la Comisión Colombiana de Juristas sobre las principales conclusiones de este informe y las acciones de protección y prevención para los defensores de Derechos Humanos en Colombia.
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¿Cuál es el principal hallazgo del informe?
El principal hallazgo: el fenómeno de asesinato de líderes sociales y defensores de Derechos humanos viene desde hace tres años al alza. Estos homicidios se están dando en zonas altamente militarizadas, donde hay presencia de grupos paramilitares y una correlación alta con presencia de cultivos de coca.
También se encontró una correlación alta con municipios que están en las Circunscripciones Especiales para la paz, con municipios que tienen minería ilegal o solicitudes mineras o ya licencias en funcionamiento. Entre los municipios que se consideran críticos están en las áreas rurales principalmente. En cuanto a las víctimas son indígenas, miembros de Juntas de Acción Comunal (JAC), de organizaciones campesinas, de Consejos Comunitarios, de organizaciones LGBTI. De los victimarios, en la mayoría de casos se desconoce al victimario, le siguen grupos armados sin identificar, paramilitares y en menor medida fuerza pública.
¿Cuáles son las principales amenazas para los defensores de derechos humanos en Colombia?
Las violaciones al derecho a la vida (asesinatos y desapariciones forzadas), deslegitimación de su labor, estigmatización y señalamientos, atentados contra la vida de defensores familiares y allegados; amenazas de muerte contra ellos, sus familiares y allegados; judicializaciones ilegales o infundadas; sustracción de materiales de trabajo como computadores, memorias USB, listados de contactos y discos duros; allanamientos e irrupciones ilegales en las sedes y residencias. Existen otras amenazas como la presencia de grupos armados en sus territorios.
¿Cuáles son las regiones donde hace falta intervención del Estado y las autoridades?
Principalmente los territorios rurales y las periferias de las ciudades, esta presencia debe ser con toda la oferta institucional que garantice el ejercicio efectivo de todos los Derechos Humanos. En lo referente a las regiones más afectadas por el fenómeno de violaciones al derecho a la vida de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, registradas en 2016 y 2017:
Registramos violaciones al derecho a la vida en 84 municipios, pertenecientes a 25 de los 32 departamentos del país, afectando principalmente los departamentos con salida al Pacífico colombiano, al mar Caribe, zonas de frontera y regiones con antigua presencia de Farc-EP. Los municipios más afectados se ubican en los departamentos de Cauca, Antioquia, Córdoba, Valle del Cauca y Nariño.
Los municipios críticos, en los cuales se registraron 2 o más violaciones al derecho a la vida fueron:
Cauca: Caloto (5), Santander de Quilichao (4), Almaguer (3), El Tambo (3), Corinto (3), Caldono (2), Páez (2), La Sierra (2).
Nariño: Tumaco (4).
Antioquia: El Bagre (4), Briceño (2), Cáceres (2).
Valle del Cauca: Buenaventura (3).
Putumayo: Puerto Asís (2).
Cesár: Chiriguaná (2).
Cundinamarca: Soacha (2).
Para 2017, los departamentos de Cesar y Chocó emergen como nuevas zonas críticas en cuanto a violaciones al derecho a la vida de este grupo poblacional. Las violaciones al derecho a la vida en el Cesar se registraron en los municipios de Chiriguaná, El Copey, Valledupar, El Haltillo y Aguachica. Mientras que en el Chocó, estas violaciones se registraron en los municipios de Belén de Bajirá, Quibdó y Riosucio.
¿Existe relación entre los territorios donde están matando líderes y zonas priorizadas en el posconflicto?
Sí. Una de las características de las regiones donde se cometieron y se cometen los asesinatos son zonas incluidas o aledañas en los municipios priorizados para la adopción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. A continuación, presentamos la relación de los municipios priorizados en cada circunscripción y donde se han producido casos de violaciones al derecho a la vida de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos durante el año 2016:
• La circunscripción de la región del Alto Patía y norte del Cauca está conformada por 24 municipios de los departamentos de Valle, Cauca y Nariño, y corresponde con una zona crítica en la que se ha producido un elevado número de agresiones y homicidios de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos. En nueve de estos 24 municipios se produjeron, en total, durante 2016, 21 homicidios y un caso de desaparición forzada. En Caloto se produjeron cinco asesinatos, cinco en Santander de Quilichao, tres en Corinto, tres en El Tambo, dos en Caldono, uno en Argelia, uno en Cajibío, uno en Balboa y uno en Policarpa.
• La circunscripción del departamento de Arauca está conformada por cuatro municipios: Arauquita, Tame, Fortul y Saravena; en dos de ellos se produjeron la muerte de tres líderes sociales, dos en Arauquita y uno en Tame.
• La circunscripción del Bajo Cauca y nordeste Antioqueño está conformada por 13 municipios, en seis de los cuales se produjo el asesinato de 12 personas: cinco casos ocurrieron en El Bagre, dos en Valdivia, dos en Briceño, dos en Cáceres y uno en Segovia.
• La circunscripción de Catatumbo, en Norte de Santander, se encuentra conformada por ocho municipios, de los cuales en tres se produjo el asesinato de cuatro líderes sociales y defensores de Derechos Humanos: dos en Tibú, uno en San Calixto y uno en Sardinata.
• La circunscripción especial de paz de la cuenca del Caguán y piedemonte Caqueteño está conformada por 17 municipios. Existe coincidencia en el asesinato de dos personas en el municipio de San Vicente del Caguán.
• La circunscripción especial de La Macarena Guaviare está compuesta por 12 municipios. Durante el año 2016 ocurrió el asesinato de dos líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en dos de estos municipios: dos en Vista Hermosa y otros dos en San José del Guaviare.
• La circunscripción especial de Montes de María está compuesta por 15 municipios de los departamentos de Bolívar y Sucre. En dos de estos municipios ocurrieron dos asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos: uno en el municipio de Córdoba, en Bolívar, y uno en Los Palmitos, en el departamento de Sucre.
• La circunscripción del Pacífico Medio está compuesta por cuatro municipios de la Costa Pacífica de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca: Guapi, Buenaventura, López de Micay y Timbiquí. En dos municipios de esta región ocurrieron asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos; ocurrieron tres en el municipio de Buenaventura y uno en el municipio de Guapi.
• La circunscripción especial de la región Pacífico y frontera Nariñense está compuesta por 11 municipios de la región del Pacífico nariñense. En dos de estos municipios ocurrieron cinco violaciones al derecho a la vida durante el año 2016: en Tumaco se produjeron cuatro asesinatos y en el municipio de Barbacoas se produjo uno. Es de resaltar que de los municipios del departamento de Nariño donde ocurrieron estos hechos, solamente uno de ellos, el municipio de Colón Génova, no ha sido priorizado.
• La circunscripción especial de Putumayo está compuesta por nueve municipios, en dos de los cuales ocurrieron durante el año 2016 el asesinato de tres líderes sociales y defensores de Derechos Humanos. Dos homicidios se cometieron en Puerto Asís y uno en el municipio del Valle del Guamuéz.
• La circunscripción especial de paz del sur de Bolívar está conformada por siete municipios de la región del Magdalena Medio. En uno de ellos, en el municipio de San Pablo, ocurrió el asesinato de un líder social y defensor de Derechos Humanos.
• La circunscripción especial de paz del sur de Córdoba coincide con otra de las regiones del país más afectada por la violación al derecho a la vida de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos. Esta circunscripción tiene cinco municipios y hay coincidencias en dos de ellos: en Montelíbano ocurrieron dos asesinatos, y en Tierralta se produjo uno.
• La circunscripción del sur del Tolima está conformada por cuatro municipios del departamento: Chaparral, Planadas, Ataco y Río Blanco. En uno de ellos, en el municipio de Planadas, ocurrió el 16 de agosto el asesinato de José Samuel Hernández, quien era secretario de la Junta de Acción Comunal de su vereda.
• La circunscripción de paz de Urabá cubre ocho municipios del Urabá antioqueño. En uno de estos municipios, Chigorodó, se produjo el asesinato de un líder social y defensor de Derechos Humanos.
¿Cuáles son los temas por los que luchan, cuáles son sus reivindicaciones?
Las actividades llevadas a cabo por las víctimas varían, el definir si las violaciones de Derechos Humanos contra las víctimas se debieron o no a su actividad debe ser resuelto de manera objetiva e imparcial por los entes encargados. Entre las actividades desarrolladas por las víctimas están:
• Defensa de territorios y oposición a proyectos extractivos o minero energéticos.
• Ejercicio de la oposición política y de denuncias a autoridades locales.
• Defender la constitución de figuras de ordenamiento territorial que han sido estigmatizadas, como las zonas de reserva campesina.
• Liderar procesos de restitución de tierras.
• Liderar procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito.
• Defender Derechos Humanos de sectores vulnerables, tales como derechos de población LGBTI.
• Acompañar o liderar campañas a favor del proceso de paz e interlocución entre Estado e insurgencias.
¿Existe un listado consolidado por las autoridades en Colombia?
El Estado colombiano, en este momento, basa sus informes en los datos brindados por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH) y no en los informes de las instituciones que hacen parte del Estado, como las del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo. Esto puede ser debido a que las cifras presentadas por OACNUDH sean menores que las presentadas por ONG o por la Defensoría del Pueblo, pero es necesario preguntarle a los entes estatales cual es la razón de que tomen como ciertas unas cifras y no las otras.
¿Quiénes estigmatizan a los defensores en Colombia?
Principalmente algunas autoridades nacionales, departamentales y municipales, algunos funcionarios civiles y militares del Estado y algunos medios masivos de comunicación al dar una información sesgada y tendenciosa. Este discurso cala en algunos sectores de la opinión pública y en ocasiones se considera cómo un permiso tácito de las autoridades para que los grupos armados violen los Derechos Humanos de esta población.
El manejo sesgado y tendencioso de la información, sumado a la estigmatización que sectores del Gobierno hacen de las víctimas, el discurso negacionista de algunas instituciones del Estado al no plantear la labor de las víctimas como posible causa de la violación de derechos, así como la negación de la existencia del paramilitarismo por parte de los entes gubernamentales encargados de la seguridad nacional, conllevan a una perpetuación de la falta de garantías de seguridad para el ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos, así como de la impunidad frente a estos crímenes.
Considerando el papel que juegan ciertos grupos empresariales en el control del de la televisión, la radio y la Internet, resulta evidente que la censura y autocensura impuesta por las agendas de estos grupos se ve reflejada en la falta de veracidad informativa. Tal acaparamiento de los medios de comunicación, sobre todo en la prensa escrita y los canales abiertos (pero privados), ha contribuido a la construcción de un imaginario social concreto sobre los diferentes actores del conflicto y sus víctimas.
¿Cuál debe ser el papel de los medios?
El papel de los medios debe ser el de informar consultando todas las fuentes. El de no contribuir a la estigmatización de la labor de líderes sociales y defensores y defensoras de Derechos Humanos. En el informe se muestran 5 casos en donde hubo un manejo tendencioso de la información y de estigmatización por parte de funcionarios públicos y con el respaldo de medios de información. En estos casos, estamos frente a un ejercicio asimétrico de poder en donde el medio de información únicamente tiene en cuenta la versión de la fuente más poderosa. De ahí que los medios deben pasar de ser meros voceros del discurso de los poderosos para buscar la verdad e informar a quienes acuden a ellos, deben informar en lugar de desinformar. En el ejercicio periodístico se debe hacer una consulta de todas las fuentes e ir más allá de los simples hechos para develar lo que hay detrás de los asesinatos y desapariciones forzadas, es decir, profundizar en la información.
Se evidencia además la necesidad de fortalecer los medios comunitarios y que estos, desde la periferia se sumen al discurso nacional. Las autoridades y los formadores de opinión deben pronunciarse en medios abiertos respaldando la labor de quienes defienden los Derechos Humanos. Es un momento en que los medios de comunicación tienen que contribuir ofreciéndole a la sociedad la transparencia necesaria sobre la significación de esta labor, de los acuerdos de paz y los procesos de implementación.
¿Cuál es la importancia de los medios comunitarios?
Por la estigmatización que han hecho muchas veces de defensores o el manejo sesgado de la información han contribuido también a la impunidad, de ahí la importancia de acudir a medios alternativos de información para hacer un ejercicio de poder contra hegemónico en lo informativo.
