Comunidades indígenas juzgaron a siete presuntos disidentes de las Farc
Los siete hombres fueron condenados con cárcel y fuetazos, señalados de asesinar a un comunero en la vereda Huellas, zona rural del municipio de Caloto, Cauca.
Las autoridades indígenas aplicaron su justicia especial y condenaron a siete presuntos disidentes de las Farc, que pertenecerían a la estructura Dagoberto Ramos y que fueron capturados por el presunto asesinato de Jesús Antonio Rivera de 32 años de edad, en la vereda Huellas.
“Hemos hecho un proceso de juzgamiento y de armonización frente a una enfermedad que para el otro lado sería un delito muy grave, que es el homicidio. La gente juzgó a las personas como autores materiales e intelectuales”, explicó Alejandro Casamachín, líder indígena.
Los hombres fueron presentados en una asamblea y la comunidad determinó su castigo, teniendo en cuenta el grado de responsabilidad en el crimen: “los que dispararon directamente contra la humanidad del comunero que son dos personas, a esos comuneros la asamblea definió que serán armonizados en patio prestado en centros penitenciarios por un tiempo y también se les sacudió la enfermedad o el ‘sucio’ como decimos nosotros desde la jurisdicción especial”, indicó Casamachín tras conocerse la condena de 25 años de cárcel, 10 en un centro de armonización y nueve sacudidas o latigazos contra estos sujetos.
Uno de los hombres que tenía reincidencia frente a un compromiso con la autoridad indígena, y que ya había sido enjuiciado por desarmonías en el territorio, fue condenado a 5 años de prisión y nueve sacudidas.
Mientras que los otros cuatro, que según la comunidad, trabajaron como “centinelas” les dictaron tres años de trabajo comunitario, fueron devueltos a sus familias y les aplicaron 41 latigazos.
En medio del procedimiento, las armas no fueron destruidas pues los indígenas, buscan que sirvan como instrumento de paz y mediación junto con la Iglesia, para establecer un diálogo con representantes de los grupos armados ilegales que operan en estas zonas.
“Esas herramientas o armas quedan en manos del episcopado colombiano, en cabeza del Monseñor de Cali que hizo presencia hoy, como un mecanismo para activar un diálogo territorial humanitario para avanzar en la verdadera paz regional”, afirmó Alejandro Casamachín.
Por su parte, monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali afirmó que “es una propuesta muy positiva, que significa que la no destrucción de esas armas sino la entrega en custodia transitoria de ellas a una institución, podría ser la iglesia como ellos lo proponen, vamos a mirarlo de la forma correcta y legal y con autorización, sea el signo de que implica la no destrucción de vidas en los territorios indígenas. El compromiso de no asesinar a nadie sobretodo en estos territorios que han sido heridos con la muerte, el asesinato y la crueldad”.
