Alerta en Tolima por aumento de amenazas contra líderes sociales

Organizaciones sociales en el Tolima alertan por el incremento de las amenazas contra líderes sociales. Estas intimidaciones van desde amedrentamientos, panfletos, mensajes al WhatsApp, y llamadas directas.

Los sectores y gremios más afectados por esta situación, según los defensores de Derechos Humanos, son los presidentes de junta comunal, dirigentes agrarios, periodistas y servidores públicos, especialmente en los municipios de Planadas, Rioblanco, Chaparral, Purificación y Anzoátegui.    

Maryluz Biscué Urbano, directora de la Federación Colombiana por la Paz y Derechos Humanos (Fedecolpaz) e integrante de la veeduría al Acuerdo de Paz, asegura que las amenazas contra líderes sociales se incrementaron desde junio, mes en el que se llevó a cabo gran parte de las movilizaciones. 

Además, según cifras de esta organización, ya hay cinco líderes sociales y siete personas en proceso de reincorporación asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz. 

“Desde que arrancó el Paro Nacional, hasta el presente, hemos tenido 20 líderes amenazados. Y se dice que es un perfilamiento que vienen haciendo a través de las marchas, a través de todo este proceso. Ya contamos también más de 80 excombatientes amenazados y, desde el pasado Paro Nacional, 20 líderes sociales más amenazados”, reseñó la líder.

El mas reciente asesinato de una persona en proceso de reincorporación fue contra Hernando Guerrero Torres, de 46 años, quien residía en Dolores, Tolima, pero que pertenecía al antiguo ETCR Antonio Nariño, en la vereda la Fila, de Icononzo – Tolima. Según los pobladores, hacia las 11 de la noche del domingo, 25 de abril, un encapuchado motorizado disparó contra Hernando, en la vereda San Pedro de Dolores. 

Mario Alberto Montiel Pérez, excombatiente de las antiguas Farc y concejal actual de Icononzo (Tolima), alertó del silencio que, según denuncia, se ha presentado por parte de las autoridades del municipio y del departamento, luego que amanecieron cuatro grafitis con amenazantes y con la palabra AUC pintados en las casas y la entrada principal del antiguo ETCR de esa localidad. 

“Esa situación no solo me amenaza a mí como concejal, sino que amenaza a todas las más de 350 familias que residimos allí, porque si usted se levanta y usted encuentra un letrero de las AUC, luego pasan dos días y vuelve a encontrar otro letrero. No solo está en riesgo la vida de uno sino la de toda la comunidad. Somos una comunidad de reincorporados que estamos bajo amenaza, pero las autoridades parece que no están enteradas de lo que sucede”, resaltó el cabildante.     

Contra la prensa

El último caso de amenaza la vivió el periodista Héctor Chila, director de la emisora comunitaria La Radio de mi Gente del municipio de Chaparral, quien recibió una llamada telefónica en la que directamente le decían, con palabras fuertes, que debía dejar de “molestar” con su trabajo.

“Recibí una comunicación telefónica y me decían que no molestara porque me iba a ir mal, que iban a atentar contra mi vida. En varias ocasiones me lo reiteraron en un número telefónico que ya fue entregado a las autoridades. Hasta el momento, lo que hemos hecho es seguir las diferentes rutas que corresponde hacer en esta situación que me está sucediendo como periodista de Chaparral”, denunció el comunicador.   

Sobre este caso, la Asociación Nacional de Periodistas ANPress en el Tolima hizo un llamado a las autoridades para que se respete el trabajo y la vida de los periodistas y comunicadores sociales en la región. 

Según esta agremiación, cinco comunicadores han sido amenazados en razón de su trabajo en el Tolima en lo que va de 2021. Este, y los otros casos, ya fueron notificados a las autoridades judiciales, a Reporteros Sin Fronteras y a la Fundación para la Libertad de Prensa.

“Es una situación bastante delicada que viene sucediendo en gran parte del territorio tolimense y del país. Las permanentes amenazas a los colegas periodistas y comunicadores, amenazas que vienen de personas que se escudan tras una llamada telefónica, de un mensaje de texto o WhatsApp. Y cuando no amenazan de muerte, amenazan de manera jurídica denunciando a los periodistas que tienen la capacidad y el coraje de poner en lo público redes de microtráfico, carteles de la corrupción. Rechazamos esta y otras amenazas que reciben nuestros colegas y hacemos un llamado a la Fiscalía para que dé celeridad a estos casos”, subrayó Gilberto Martínez Prado, presidente de ANPress en el Tolima.   

Contra líderes sociales y juveniles 

Pero no solo la prensa ha estado bajo amenaza. En Chaparral, José María Leal, reconocido líder ambiental y miembro de la Guardia Campesina de Chaparral, se encontraba cerca de una estación de servicio en el barrio Obrero, de ese municipio del sur del Tolima, cuando un sujeto que se movilizaba en una motocicleta, lo abordó y le intentó disparar con una pistola con silenciador. El líder teme por su seguridad y hace un llamado a las autoridades a investigar quién puede estar detrás de esta situación.

“Era un muchacho en XTZ, azul, casco cerrado, completamente de negro, portando una pistola con silenciador y me la muestra y me grita ‘¡ahora sí!’. Yo me tiré encima de mi moto y me volé de ahí; recuerdo que me pasé en pura… el reductor de velocidad del cementerio. Hice el amague de entrar a la otra bomba de gasolina y ahí fue donde lo perdí. […] Yo no quiero ser un líder más en nuestro país, que digan que fue por líos de faldas. Tengo a varias entidades del municipio denunciadas y mi trabajo se centra en la defensa del medio ambiente en la vereda Las Tapias”, relató José María.   

Por otra parte, en junio pasado, en días del Paro Nacional, el Movimiento Juvenil Chaparral denunció que tres de sus miembros fueron amenazados. Durante esos días, los jóvenes levantaron por dos semanas un campamento frente a las instalaciones de la Alcaldía como forma de protesta para que se habilitarán los espacios culturales de la localidad y otras reivindicaciones. Sin embargo, por esa situación levantaron la protesta pacífica. La situación fue denunciada ante la Personería, la Policía y la Procuraduría.   

De acuerdo con Sonia Alexandra Culma Espinosa, integrante de la organización, por medio de llamadas telefónicas, mensajes a través de perfiles falsos de Facebook, de WhatsApp y usando palabras desobligantes, fueron tres los integrantes del Movimiento amenazados. “Queremos informarle a la comunidad que decidimos levantar el campamento, ya que iban personas ajenas a hacernos preguntas muy puntuales y hay compañeros amenazados”, reseñó la joven líder.  

En conversación telefónica, uno de los amenazados reveló cómo fueron tales intimidaciones: “En mi caso, me llegaron mensajes por WhatsApp de números desconocidos. Dos de esos me decían que estaba hablando de más y que era mejor que me callara. Otro decía que era mejor que me callara o que me fuera. [...] Cuando iniciamos esto del plantón, a otro amigo lo llamaron y lo amenazaron”, relató. 

El Comité de Derechos Humanos del Tolima, a mediados de junio pasado, dio a conocer un balance en el que denunciaba, hasta ese momento, 188 actos de violencia física y tortura contra los manifestantes durante los días del Paro en el departamento. De acuerdo con Luisa Robayo, politóloga de la Universidad del Tolima e integrante del Comité, el balance fue presentado, en aquel momento, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita a Colombia.

Algunas medidas

Las autoridades locales y regionales manifestaron su preocupación por la situación que se vive en el Tolima, especialmente en el sur del departamento. Teodomiro Hernández, secretario de Gobierno de Chaparral, confirmó que cinco personas recibieron medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entre los que se cuenta un dirigente comunal, una empleada pública, un representante de víctimas, un líder indígena y un periodista. Con estos, ya son alrededor de 20 que cuentan con estas en el sur del Tolima, según el funcionario. 

“Hay cinco personas con medidas de protección por parte de la UNP del Ministerio del Interior. Algunos están con unas medidas más que otras, dependiendo del grado de inseguridad que tengan. Lo que se recomienda a los líderes que vivan una situación de amenaza es denunciar estos hechos. Tenemos a un periodista, un miembro de una comunidad indígena, un líder comunal, una representante de víctimas y una funcionaria pública los últimos en recibir medidas de protección”, confirmó el funcionario municipal. 

Además de las medidas de protección a líderes sociales, comunales, representantes de víctimas y empleados del sector público, las autoridades acordaron que se reforzarán los operativos y patrullajes por parte de la Fuerza Pública a lo largo y ancho del municipio de Chaparral y otras municipalidades del sur del departamento. 

El alcalde de Chaparral, Hugo Fernando Arce, confirmó la creación de dos cuadrantes de seguridad más en este municipio. “Vamos a incrementar los cuadrantes de seguridad. Hay una estrategia que logramos estructurar con el segundo al mando de la Policía Tolima, entonces vamos a tener un cuadrante fijo como viene siendo y otros dos que van a apoyar ese trabajo”, indicó el mandatario chaparraluno. 

Frente a esta situación, el coronel Rolfy Mauricio Jiménez, comandante del Departamento de Policía Tolima, solicitó a la Dirección General ampliar los cuadrantes de seguridad en los municipios del sur del departamento donde ellos han evidenciado amenazas y delitos de alto impacto. En el caso del sur, se tiene en los planes los municipios de Rioblanco, Planadas y Chaparral. Sin embargo, realizar ampliación de cuadrantes implica mayor número de uniformados y mayor parque automotor para los mismos.