La situación humanitaria que afrontan comunidades de Sipí, Nóvita, Medio Baudó, Medio San Juan e Istmina, en Chocó no cesa, pese al anuncio del Eln de permitir que las autoridades realicen labores de abastecimiento de alimentos e insumos médicos a las poblaciones confinadas.
Según la Defensoría del Pueblo, unos cinco mil niños, niñas, jóvenes y adolescentes, han visto vulnerados sus derechos a la movilidad, seguridad y el acceso educativo, pues son ellos, los más afectados con los hostigamientos de los grupos armados.
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A la alerta emitida por el ministerio público se han sumado la iglesia católica, en cabeza del obispo de la diócesis de Istmina-Tadó, monseñor Mario Álvarez, quien instó al Gobierno Nacional y los grupos en disputa a establecer “diálogos permanentes con acciones palpables que den respuesta a la seguridad de las comunidades del Chocó”.
La Defensoría del Pueblo informó que las tres personas que han fallecido en medio del confinamiento que ya completa ocho días; eran un bebé de aproximadamente año y medio de nacido, quien presentaba síntomas de paludismo y desnutrición, así como una mujer en labores de parto, quien no logró ser trasladada a un centro de salud.
Por su parte, Felipe Martínez, representante legal del Consejo Comunitario General del San Juan ACADESAN, exigió a los actores en contienda respetar a las comunidades y permitirles ejercer el derecho a la autodeterminación de los pueblos y la paz.
Julio Luis Balanta, defensor del Pueblo, resaltó que “son 85 comunidades afro e indígenas, en cinco municipios del Chocó, las que se ven afectadas por el accionar de los grupos armados ilegales, quienes padecen el desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustible".