Cerca de 60.000 personas han sido desplazadas en los últimos 12 meses: Defensoría
Este jueves, desde la región del Urabá-Darién, la Defensoría del Pueblo presentó un informe sobre el desplazamiento forzado, registrando entre el primero de junio de 2021 y el 31 de mayo del 2022, señalando que se han presentado 147 eventos de desplazamiento masivo, con un total de 59.920 víctimas que equivalen a 20.600 familias.
Las poblaciones más afectadas fueron las comunidades negras con un 42 %, le sigue la población campesina con el 33 % y la población indígena con un 25 %. El defensor del Pueblo, Carlos Camargo explicó las razones por las cuales se está presentando este fenómeno en las regiones.
“Esta problemática se evidencia por la persistencia de las dinámicas de conflicto armado, la presencia de grupos armados ilegales, las disputas territoriales y la difícil situación en que están inmersas estas comunidades”, señaló.
Las siete regiones del país donde se concentra el desplazamiento forzado son: Pacífico nariñense, sur y norte del Cauca, Chocó (en la zona de los Baudoes, Medio Atrato, Medio y Bajo San Juan), Valle del Cauca (Buenaventura y Cali), sur de Córdoba (Puerto Libertador), Norte de Santander (Catatumbo y zona rural de Cúcuta) y Antioquia (Bajo Cauca e Ituango).
Por otro lado, la entidad también mencionó la crisis humanitaria que vivió el departamento de Arauca y que afectó al Vichada, Meta y otros departamentos vecinos por la población en situación de desplazamiento.
Respecto a la situación de confinamiento, la entidad ha registrado 122 eventos en 94 comunidades, específicamente en el departamento de Chocó (en el Medio Atrato, en el Bajo y Medio San Juan y en el Alto, Medio y Bajo Baudó). Los eventos de confinamiento afectan en un 64 % a la población indígena, 32 % a comunidades negras y 2 % población campesina.
Estos hechos siguen afectando el derecho internacional humanitario, según indicó el informe: “Mantiene a la gente bloqueada, presionada por actores armados, encerrada en sus casas, viviendo bajo el miedo y el terror de los grupos ilegales”.
La Defensoría recordó que el desplazamiento forzado afecta los derechos a la educación, a la vivienda, a la seguridad alimentaria, a la libre movilidad, a la documentación, a la salud, entre otros.
