En las próximas semanas, la Corte Constitucional tendrá que pronunciarse nuevamente sobre el futuro del arroyo El Bruno en La Guajira. Hoy, casi cuatro kilómetros de este cuerpo de agua están desviados por un cauce artificial para permitir el avance de la mina de carbón a cielo abierto más grande de Latinoamérica, en una decisión que habría tomado una mesa técnica en la que participa El Cerrejón y el Ministerio de Ambiente.
El Bruno, ubicado a menos de 300 metros de un tajo del megaproyecto minero, es uno de los brazos que alimentan el río Ranchería, principal afluente que atraviesa el departamento de La Guajira, una región en la se sufre por el agua y donde habitan los indígenas Wayúu. Para este pueblo, el agua además representa uno de los elementos principales de su ordenamiento espiritual.
“En el arroyo nosotros tenemos lugares sagrados, lugares específicos donde están nuestras medicinas tradicionales”, comenta Misael Socarras, líder Wayúu de la comunidad de la Gran Parada y accionante de una tutela que llegó hasta la Corte Constitucional para pedir que las aguas del Bruno vuelvan a su cauce natural.
Debido a las denuncias de esta comunidad wayúu, en el sur de La Guajira, hace pocos días el alto tribunal decidió reasumir la competencia para verificar el cumplimiento de las órdenes dictadas en la sentencia 698 de 2017, en la que se reconoce la amenaza y violación de los derechos fundamentales de la comunidad al agua, salud y soberanía alimentaria con ocasión de este desvío.
En la sentencia, la Corte determinó que al autorizar esta obra no se habían considerado importantes impactos sociales y ambientales. Por lo que ordenó a una Mesa de Trabajo Interinstitucional, conformada por cerca de 17 instituciones del orden nacional y regional, que realizara un estudio técnico que valorara nuevamente la viabilidad ambiental del desvío.
La Mesa Técnica, de la cual hace parte la empresa Carbones del Cerrejón, concluyó en este estudio que el arroyo permanecerá desviado en el canal artificial.
Sin embargo, hoy las organizaciones indígenas afirman que esta decisión está basada en un estudio con insuficiencias técnicas y científicas, el cual no ha contado con la participación efectiva de las comunidades accionantes Wayuu de Paradero y La Gran Parada.
“Muchos reportes muestran que hay serios problemas de cumplimiento con la sentencia de la Corte. El arroyo Bruno sigue estando en riesgo, siguen estando denuncias de daños irreparables y reversibles sobre el ecosistema y sobre los derechos que protegió la Corte”, explicó Luz Marcela Pérez, abogada del Colectivo de Abogados José Albear Restrepo (CAJAR), que desde el año 2015 acompaña a las comunidades wayúu en la interposición de la acción de tutela.
El desacato, de acuerdo con la abogada Pérez, lo compró la Contraloría quien en 2020 publicó un informe de auditoría en el que señalaba que la orden de la Corte está incumplida porque la información del estudio no era rigurosa ni técnica.
Según cuentan hoy los líderes wayúu, luego de que el arroyo fuera desviado ha disminuido dramáticamente su caudal hasta casi desaparecer en épocas secas.
Frente a las denuncias de la comunidad, la compañía el Cerrejón respondió que el arroyo se encuentra en buen estado y mantiene las mismas características de otros arroyos de la zona.
“Gracias al permanente monitoreo, la compañía ha podido establecer que, en septiembre de 2021, el arroyo alcanzó su caudal máximo con más de 2,40 metros de profundidad”, afirmó la empresa minera y añadió que “se han identificado más de 390 especies de fauna y el crecimiento de miles de árboles pertenecientes a 70 especies nativas del bosque seco”.
Ante la respuesta de Cerrejón, los líderes accionantes contestaron que el estado actual del cauce artificial no se compara con lo que era el cauce natural. “Ese cauce natural del arroyo era realmente una belleza con árboles inmensos, milenarios, que allí albergaban a todas esas aves de ese sector”, comenta Misael Socarras.
El líder cuenta que para la supervivencia de especies como las guacamayas, las guacharacas, los loros y los monos aulladores se necesitan de árboles inmensos que hoy no existen en el cauce creado por la empresa minera. “Ellos (Cerrejón) dicen que se han divisado estos animales porque vieron la huella. Nosotros anteriormente no solo veíamos las huellas, sino nos encontramos, nos encontramos a los tigrillos”, asegura.
Pero además de los impactos ambientales, los wayúu afirman que el cauce artificial no reemplaza a un arroyo natural con sus relaciones ecosistémicas y espirituales.
Saberes propios
“Nosotros, aunque geográficamente podemos estar en lo occidental, culturalmente no somos occidentales”, asegura Andrónico Urbay, miembro de la Junta Mayor Autónoma de Palabreros, quienes en la cultura wayuu, son el elemento central en la administración de la justicia.
El palabrero afirma que los estudios técnicos no han contado con la participación de los saberes propios del Pueblo Wayuu, tal como lo pide la Corte.
Para los wayúu, los Arroyos son vistos no solamente como agua muerta, sino también como un ser vivo, como un ente social que también que hace parte de su espiritualidad.
La eliminación del cauce natural del Bruno representa un daño incalculable en su valor espiritual, dice. Además de la imposibilidad de acceder a sus medicinas naturales, pues según el líder, los wayúu ya no pueden realizar parte de sus rituales.