Durante las últimas horas, el Gobierno Nacional exigió al Eln la suspensión definitiva del paro armado decretado en el departamento del Chocó.
Según denunció la oficina del Alto Comisionado para la Paz, continúan las muertes, los hostigamientos y la ráfaga de disparos por parte de este grupo armado a pesar del anuncio del cese de operaciones militares.
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"El día de ayer, con ocasión del anuncio por parte del Eln de la habilitación de un corredor humanitario temporal, una caravana de 20 lanchas con ayuda y atención de las personerías de la región intentó llegar a Chambacú y Noanamá (...). Al escuchar los disparos de un enfrentamiento armado, la caravana tuvo que detenerse y dar vuelta atrás sin poder completar la entrega de ayuda humanitaria que había sido planeada", expresan.
El organismo detalla la grave situación que están sufriendo las comunidades afectadas por sus operaciones armadas en la región de los ríos Sipí y San Juan donde “una lancha de la Alcaldía de Istmina que transportaba a los personeros de Istmina y Sipí, y ayudas para las comunidades fue detenida con un disparo de advertencia y requisada".
Recalcaron que el organismo ha asegurado que el hecho de impedir acceso a ayuda humanitaria a los civiles afectados por los enfrentamientos es una violación del Derecho Internacional y que "profundiza las graves condiciones de exclusión y discriminación" de la región.
Reportes de las autoridades han informado que por este paro armado han afectado un aproximado de 9.000 personas de 52 comunidades de los municipios de Sipí, Nóvita, Istmina y Medio San Juan, en el departamento de Chocó.