La obtención de respuestas y la posibilidad de un entierro digno pueden aliviar el sufrimiento psicológico y facilitar la recuperación emocional de familiares y allegados.
Sus familiares los buscaban desde 1988, cuando en La Julia, un corregimiento del municipio de Uribe, se desarrolló una operación militar que desembocó en su desaparición.
Según las confesiones de excomandantes paramilitares ante la JEP, sus escuadrones traían a este lugar cadáveres de guerrilleros o campesinos para incinerarlos y hacer imposible su hallazgo.
La ley contempla la creación de un sistema multicanal que acelere la localización de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas, mediante un enfoque diferencial y basado en género.
