Bogotá reformará protocolo de atención a protestas junto a organizaciones sociales
En Bogotá, el Distrito informó que, en compañía de distintas organizaciones sociales, realizará las adecuaciones al protocolo de intervención de las autoridades en las manifestaciones.
El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, indicó que ya se inició un trabajo conjunto con las organizaciones para la elaboración de esa propuesta, que modificaría el protocolo para la atención de la protesta social, ratificando que se buscará crear una subcomisión técnica, de carácter permanente que realice seguimiento a la aplicación de las medidas.
“Bogotá es una ciudad de derechos, de paz y de reconciliación, donde acatamos las órdenes judiciales. En cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, iniciamos un trabajo con los accionantes y de manera conjunta vamos a realizar la propuesta que será presentada en las mesas con el Gobierno Nacional”, explicó el funcionario.
La propuesta establecida hasta el momento considera limitar el uso de armas de baja letalidad, un protocolo para el traslado por protección durante las protestas y la creación de la subcomisión técnica.
Además, entre los temas en consideración está la creación de un equipo de diálogo mixto, conformado por la Secretaría de Gobierno y algunos miembros de la Policía, para trabajar en la etapa de diálogo del protocolo para privilegiar la salida pacífica en las manifestaciones. “El Estado debe reformar el protocolo y regular el relacionamiento entre la Fuerza Pública y la ciudadanía”, añadió Gómez.
Por otra parte, el comité, que ya tiene propuestas sobre la mesa, está contemplando también un protocolo adecuado para garantizar una conducción para las personas que son trasladadas por protección, en medio de una protesta, que esté regulado y limitado por los Derechos Humanos.
La mesa de trabajo está conformada por el Distrito, la Comisión Nacional de Juristas; el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos; Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad; la Red de Defensores de Derechos Humanos de Colombia; la Fundación para la Libertad de Prensa; Humanidad Vigente y representantes de algunas universidades.
