Minería ilegal: la lucha verde contra el mercurio
La sentencia T 445 de agosto del 2016 señala que el desarrollo de la minería en Colombia en lo relativo a la extracción de oro, piedras preciosas, carbón, arcilla y sal, se remonta al periodo precolombino, tanto para efectos de orfebrería como para sustentar antiguas prácticas artesanales y rituales. Posteriormente, durante el periodo colonial y, en especial, durante el periodo independentista, la región hoy comprendida entre Antioquia y Chocó cobró gran relevancia como centro de extracción y acopio de oro en razón a la utilización de mano de obra esclava.
No obstante, este documento reconoce, a la par, que las técnicas de explotación minera que vienen aplicándose desde principios del siglo XX en todo el territorio nacional, sugieren, hoy por hoy, una profunda reflexión sobre los problemas ambientales y sociales que las tales están generando. ¿Por qué? Porque la incursión de grupos armados en actividades de explotación minera ilegal, y la utilización de técnicas inadecuadas de extracción de minerales por parte de las mismas comunidades, por citar solo dos casos, son apenas la raíz de otros fenómenos colaterales como pobreza, problemas de salud pública, daños ambientales e ilegalidad.
Se entiende, entonces, que el gran debate sobre la actividad minera en Colombia tiene lugar porque, con todo y su importancia estratégica para la economía del país, aportando un promedio del 2,03% al Producto Interno Bruto entre 2005 y el 2018, sigue desarrollándose, en gran medida, de manera ilegal. Tal es el caso del Bajo Cauca, una región que produce el 26% del oro en Colombia, la mayoría extraído de yacimientos sin títulos mineros.
Mercurio por oro: un atentado contra la vida
El subintendente Julián Romero, comandante del Grupo de Carabineros y Guías Caninos del municipio de Caucasia, asegura que el 60% de las familias de esta localidad del Bajo Cauca antioqueño depende económicamente del “motobombeo”, también llamado “barequeo”, la mayoría de las ocasiones sin reglamentación legal. Se trata, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2014), de minería aurífera artesanal, es decir, aquella que enmarca actividades de extracción de oro llevadas a cabo por mineros individuales o pequeñas empresas con una producción y una inversión de capital limitadas.
Estas actividades se relacionan con altos indicadores de pobreza y suelen desarrollarse en zonas rurales apartadas donde llega población itinerante con pocas alternativas laborales. Y es justamente la salud de estas poblaciones la que termina sufriendo los estragos de la minería aurífera artesanal, en la cual, según los ingenieros ambientales de la Universidad Francisco José de Caldas, Andrés Campos y Víctor Socha, para obtener 17 toneladas de oro, se requieren en promedio 108 toneladas de mercurio, un elemento altamente contaminante que afecta de manera devastadora la salud humana y la estabilidad de los ecosistemas naturales.
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“Si bien la minería de oro artesanal a pequeña escala produce el 20% del oro del mundo, también se ha convertido en la mayor fuente de contaminación (30%) por mercurio en el mundo” según los ingenieros Campos y Socha.
“Debido al abundante uso de mercurio (…), existen serios peligros para la salud de los mineros, las comunidades cercanas y, en particular, los niños y las mujeres embarazadas. Existen datos sólidos de que el mercurio, tanto en su forma elemental como orgánica, tiene efectos neurológicos adversos y es especialmente tóxico durante el desarrollo del feto y la niñez”, explica la Organización Mundial de la Salud en su informe titulado “La minería aurífera artesanal o de pequeña escala y la salud”.
Son tan adversos los efectos derivados de la utilización de mercurio en la minería aurífera que el Gobierno Nacional, a través de la Ley 1658 del 2013, se propuso reglamentar el uso, importación, producción, comercialización, manejo, transporte, almacenamiento, disposición final y liberación al ambiente de este elemento. De hecho, esta ley también dictaba las disposiciones para eliminar, en el término de cinco años, el uso del mercurio utilizado en actividades mineras ilegales de todo el territorio nacional, cosa que no ha ocurrido.
Las trazas de mercurio que son liberadas al medio ambiente han afectado todas las dinámicas de aprovechamiento de suelos y aguas en las zonas mineras. Comunidades enteras, a riesgo de contraer enfermedades, siguen consumiendo productos cosechados en terrenos contaminados, o peces extraídos de quebradas, ciénagas o lagunas también contaminadas; convirtiéndose en receptoras finales de este elemento químico.
Fitorremediación: una esperanza más que viable
Las repercusiones visibles de la minería ilegal son las abruptas modificaciones de las coberturas de los suelos explotados. Y es que todos y cada uno de los terrenos utilizados para labores de minería terminan, sí o sí, sufriendo profundas alteraciones paisajísticas (rellenos, excavaciones, etc.), alteraciones que trastornan el ciclo normal de vida de cientos de especies animales.
El mercurio resulta entonces un enemigo silencioso cuyos riesgos son desestimados por comunidades como las del Bajo Cauca antioqueño. Por esta y otras razones, la Policía Nacional, a través del Área de Seguridad Ambiental y Recursos Naturales, comenzó a aplicar en el 2018, en un terreno de dos hectáreas ubicado en zona rural del municipio de Caucasia, un proyecto piloto de fitorremediación.
La fitorremediación es, en esencia, una técnica de descontaminación de suelos y aguas que contienen, en este caso, trazas o restos de mercurio por causa de la minería aurífera. Esto sucede mediante el proceso natural de absorción que algunas plantas o árboles, como el Guarumo y el Piñón, efectúan a través de sus raíces.
“La fitorremediación representa una alternativa sustentable y de bajo costo para la rehabilitación de ambientes afectados por contaminantes naturales (…); es un conjunto de tecnologías que reducen la concentración de diversos compuestos a partir de procesos bioquímicos realizados por las plantas y microorganismos asociados a ellas”, señala un estudio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
María José Caraballo Lazo, bióloga de la Universidad de Córdoba, entidad vinculada al proyecto, explica que el Guarumo y el Piñón absorben el contaminante, lo trasladan hasta sus frutos y sus hojas, mismas que son podadas y transformadas, mediante biodigestores, en material para la producción de bio-gas, o en abono orgánico, mezclándolas con otros materiales que estabilizan el mercurio.
“Es una técnica muy efectiva que se está aplicando en diferentes lugares donde se desarrollan actividades de extracción de oro. Se ha hecho con plantas que ya hemos comprobado que tienen la capacidad de hacerlo. Sabemos cómo se producen esas plantas, de qué manera tenemos que tratarlas en un vivero y cómo podemos extraer la semilla. Tenemos ya la técnica establecida para ese proceso”, agrega Caraballo.
El Guarumo puede alcanzar una altura de hasta 12 metros. Nace en suelos poco fértiles, sus tallos y ramas son huecas y su rápido crecimiento lo hace útil como planta remediadora, según Lilian Ferrufino, investigador de la Universidad Autónoma de Honduras.
En el terreno de dos hectáreas donde se desarrolló el proyecto, el cual está ubicado en la finca La Paraguay, expertos de la Universidad de Córdoba determinaron que árboles como el Guarumo y el Piñón lograron absorber hasta el 80% de las trazas de mercurio del suelo. De hecho, el subintendente Julián Romero asegura que, en solo seis meses, estas plantas garantizaron la absorción del 40% de las trazas de este material contaminante.
“(...) este proceso de fitorremediación prácticamente en dos años nos tiene un terreno descontaminado, y que ya podemos utilizar para ganadería o agricultura. La fitorremediación lo que hace es revivir esos suelos, para que haya una nueva esperanza en toda la parte agropecuaria”, manifiesta el Comandante del Grupo de Carabineros y Guías Caninos del municipio de Caucasia.
El hecho es que la capacidad que tienen el Guarumo y el Piñón para absorber, metabolizar, acumular y estabilizar las trazas de mercurio, hacen de la fitorremediación una de las soluciones ambientales más prometedoras en la actualidad, en lo que respecta a la reparación de los daños ambientales generados por la minería ilegal. Se trata, en el fondo, de una solución natural para un problema complejo que demuestra la capacidad de la naturaleza para restaurarse a sí misma.
Cambio de perspectiva en las comunidades
El proyecto de fitorremediación que la Policía Nacional, con la financiación de la Embajada de Estados Unidos, comenzó a ejecutar en el municipio de Caucasia en el 2018, ha implicado un trabajo de concientización de las comunidades de la zona. Los habitantes de la vereda Río Viejo, por ejemplo, hicieron parte de la segunda etapa del proyecto, involucrándose con acciones concretas para recuperar los suelos degradados por el mercurio.
“Establecimos el lote, se les pagaron los jornales para supervisión, educación, fertilización, cercado y establecimiento de las plantas. Fue todo un éxito: las comunidades nos dieron tantas gracias y nos recibieron con tanto amor, que todavía tenemos un lazo de amistad con la comunidad”, narra el Subintendente Romero.
Entre el 2017 y el 2021 fueron extraídas 15 toneladas de oro producto del barequeo en Caucasia. Con 33.795 registros, este es el municipio de Colombia con mayor número de barequeros, según el informe “Colombia: Explotación de oro de aluvión Evidencias a partir de percepción remota 2021”.
Hoy por hoy, la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental pretende aplicar la técnica de fitorremediación en cuatro zonas de Colombia que registran profundos impactos ambientales derivados de la minería aurífera: el Triángulo de Telembí, en Nariño; algunos terrenos aledaños al río Atrato, en Chocó; el Magdalena Medio, en Bolívar, y algunas zonas de Putumayo.
“(...) estamos planteando recuperar otras 25 hectáreas de tierra. Estamos llegando a las escuelas y los colegios a enseñarle a nuestros niños sobre la importancia de proteger nuestro capital natural”, manifiesta el coronel William Castaño, director de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional.
Es así, pues, como algunas comunidades del Bajo Cauca antioqueño han comenzado a comprender que las ganancias económicas obtenidas de la minería ilegal no son equiparables con los enormes problemas ambientales y de salud que esta genera. Pero son especialmente los jóvenes quienes, sensibles a las capacitaciones de la Policía Nacional, añoran que esta región vuelva a convertirse en la gran productora de arroz, plátano y cacao que era en el pasado.
“Con la fitorremediación recuperaríamos lo que es la pesca. Podríamos estar mejor, tener esa capacidad de entender el cuidado de la naturaleza. Seríamos una comunidad fuerte, donde sabríamos que todo lo que estamos haciendo con la minería está mal. Al recuperar esta tierra, todo volvería a ser como antes”, asegura Eduardo Baldovino, un joven de 18 años de la vereda Río Viejo que participó en el proyecto de fitorremediación.
Hoy por hoy, Antioquia sigue perfilándose como el departamento minero por excelencia de Colombia. No en vano el 98,3% de sus regalías provienen de la producción de metales preciosos como oro, plata y platino. Con todo, los retos que, en materia de control y legalización, generan las dinámicas de explotación minera, no son pocos. Urge, entonces, un vuelco de mirada, y un acercamiento de las autoridades competentes a la ejecución de proyectos de fitorremediación, una técnica que representa la verdadera lucha verde contra el mercurio.
