Campesinos presentan tutela por incumplimiento en el Programa Nacional de Sustitución Nacional de Cultivos Ilícitos
La tutela interpuesta por campesinos del departamento del Guaviare, beneficiarios del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis) y un colectivo de abogados, desde el año 2021, está en proceso, y ha venido surtiendo todos sus trámites.
En su momento se perdió por falta de información, porque no estaban claros los derechos fundamentales violados. Luego fue apelada ante un tribunal donde también hubo unos reparos, se interpusieron los recursos y hoy día, después de casi un año, está en el Consejo de Estado, allí se revisó las peticiones de los campesinos y se ordenó a la Defensoría del Pueblo regional hacer reuniones con cada una de las familias beneficiarias para informarles el alcance de la tutela; además, se les abrió la posibilidad para las personas que no alcanzaron a firmarla, para que lo hagan y así poder hacer parte de los beneficios de la misma.
En el departamento del Guaviare para el año 2017 cerca de siete mil campesinos erradicaron los cultivos de uso ilícito para apostarle a los proyectos del PNIS, sin que hasta la fecha les hayan cumplido en su totalidad de todas las promesas contempladas en dicho programa, razón por la cual interpusieron esta tutela contra el gobierno Nacional.
Carlos Romero, expresidente de ASOJUNTAS de San José del Guaviare, dijo que cuando se firmó el programa Pnis, había dos responsabilidades: una del Gobierno Nacional y otra de los campesinos. Para los campesinos era, arrancar sus cultivos de forma voluntaria, con sus propios medios y comprométase a no volver a cultivar coca. Los campesinos cumplieron en un plazo de dos meses. Naciones Unidas fue el organismo que constató que este se hubiera cumplido en los términos establecidos en el acuerdo.
El otro compromiso, según los campesinos, le correspondía ejecutarlo al Gobierno Nacional donde en términos de un año debían de entregarles a las familias beneficiarias doce millones de pesos ($12.000.000) el cual tardó por ejecutarse tres años, dejando por fuera de este pago a más de 2700 campesinos.
Luego se ejecutaría en un año un proyecto de seguridad alimentaria $1.800.000, donde los campesinos tuvieran cómo alimentar a sus familias y como en el primero proyecto, tardó cuatro años en ejecutarse.
Las gallinas ponedoras, pollos de engorde, marranos e implementos para huertas caseras llegaron incompletos, pero caímos en las garras de los operadores y los intermediarios que el estado contrata, y todo lo entregaron con sobre costos, precios muy elevados, animales y productos de muy mala calidad, indicó Carlos Romero.
Ahora los campesinos están esperando que el nuevo operador Max Orinoquía cumpla con entregarles los 19 millones en dos partes como parte del acuerdo.
Los campesinos de los cuatro municipios del Guaviare se dedican a sembrar cultivos lícitos dentro de los cuales se destaca la leche, maracuyá, chontaduro, caucho, pero con una gran dificultad la falta de una red vial que les permita sacarlos en un menor tiempo posible y en buena calidad al mercado.
Así mismo dicen que, confían en la voluntad de paz del gobierno del presidente Petro y esperan que en esta oportunidad se haga realidad el cumplimiento del Pnis y de los seis puntos del acuerdo final de paz.
