Carrusel de la Contratación: en firme condena contra Liliana Pardo y Miguel Ángel Moralesrussi
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme las condenas contra la exdirectora del IDU, Liliana Pardo y el excontralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi, condenados por su participación en el escándalo de corrupción conocido como el Carrusel de la Contratación.
Con esta decisión Pardo pagará su condena de 19 años y nueve meses de prisión y Moralesrussi de tres años, ya que para el alto tribunal no era procedente cambiar el monto de sus condenas, pues sus abogados pretendieron realizar una nueva etapa de pruebas en el recurso de casación cuando así no es el proceso.
“La Sala encuentra que el cargo se limita a repetir los argumentos presentados en las instancias, sin evidenciar que la interpretación contenida en la sentencia se aleje del sentido natural y obvio de la norma citada, situación que impone su inadmisión, en la medida que el recurso de casación no es una instancia adicional para prorrogar el debate surtido ante los jueces de primer y segundo grado”, explicó el alto tribunal.
Así mismo, la Corte resaltó que "ciertamente en delitos como los que se estudian, quienes infringen la ley tratan de no hacer evidente su acción criminal (...) su crítica solo traduce su desacuerdo con la apreciación probatoria de la sentencia, sin poner de presente la configuración de un verdadero yerro de nivel casacional, situación que impone inadmitir la censura".
Pardo debe responder por los delitos de apropiación, interés indebido y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales por las irregularidades en contratación con la tercera fase de Transmilenio en Bogotá.
Adicionalmente, la exdirectora del IDU tiene otra condena de 10 años de prisión por aceptar dineros para la licitación de la malla vial, las obras de valorización y aceptar promesas para recibir un porcentaje de los contratos de valorización.
Mientras que en el caso del excontralor de Bogotá, la condena es porque, durante los años 2008 y 2011, aunque debía velar por la adecuada inversión del patrimonio público en los procesos de selección de Fase III de Transmilenio, malla vial y valorización se reunió con Guido Nule y le exigió el 2% del valor de contratos para no entorpecer la adjudicación de esos contratos los consorcios o uniones temporales en las que participaban empresas de los Nule.
