Defensoría alertó por confinamiento y presencia de grupos armados en Bojayá
Más de 170 personas agrupadas en 60 familias de las comunidades afrocolombianas de Caimanero y Sagrado Corazón de Jesús, en el municipio de Bojayá (Chocó), se suman a las casi seis mil que tiene registradas la Defensoría del Pueblo, que están en situación de confinamiento e inminente desplazamiento por la presencia de grupos armados ilegales.
Tras una visita, el defensor regional del Pueblo, Luis Enrique Murillo corroboró algunas situaciones de riesgo latentes en el territorio: “es urgente que se tome la declaración por confinamiento, un hecho que persiste porque en las zonas aledañas a las comunidades hay presencia de grupos armados irregulares; también es necesario verificar la amenaza de trampas explosivas, y en caso de encontrarse hacer la destrucción de esa amenaza para toda la población”, señaló.
El funcionario también instó a otras instituciones a realizar un acompañamiento permanente a estas comunidades, pues afirmó que “están en el marco de un riesgo generalizado por la presencia y el accionar de estos grupos armados ilegales, que genera una mutación o agravamiento de estos factores de inestabilidad para la protección de las comunidades, y continuar con su proyecto de vida que es básicamente relacionado con el aprovechamiento del territorio”, dijo.
Según Murillo, el conflicto armado en este municipio ha dejado cifras alarmantes de víctimas en lo corrido del año: “tenemos un desplazamiento activo de la comunidad indígena de Nuevo Olivo, y eso se suma a las más de 5.800 víctimas que hemos tenido tanto de confinamiento, como de desplazamiento en lo que va corrido del 2021; alrededor de 800 personas han sido desplazadas, principalmente indígenas, pero alrededor de 5.000 más han padecido el confinamiento”, aseguró.
En el contexto departamental, según el defensor se han registrado 33 mil personas victimizadas por desplazamiento o confinamiento en este 2021, "tenemos 17 alertas tempranas vigentes, que abarcan 21 de los 30 municipios del Chocó, y que están emitidas para proteger a una población de 396 mil personas, eso quiere decir que el 72% de la población del departamento está bajo alertas tempranas, y tienen un riesgo advertido de eventual violación masiva de sus derechos humanos”, concluyó el funcionario.
