Los diputados del departamento de Santander que viajaron hasta Puerto Wilches, municipio en donde iniciaría el piloto de fracking en Colombia, exigieron al presidente Iván Duque, suspender la práctica de estos proyectos que no han sido bien recibidos por las comunidades.
La iniciativa de viajar hasta allí fue del diputado Ferley Sierra, quien instó a los demás, para llevar a cabo una sesión descentralizada y un debate de control político en compañía de líderes ambientales, la Asoción Colombia Libre de Fracking y ciudadanos del común, para socializar lo que según ellos es “la amenaza de la explotación de yacimientos no convencionales”.
Según los voceros de la Asamblea, actualmente hay unanimidad entre ellos para defender la región del Magdalena Medio, por lo que Luis Ferley Sierra aseguró que “llegamos a exigirle a las autoridades que tomen una posición clara al respecto. Sobre todo a la Gobernación de Santander”.
Sierra además explicó que otro de los propósitos, es que el Estado se comprometa con que estas regiones, que durante más de 100 años han brindado recursos económicos gracias a la extracción petrolera.
“Hoy ellos claman por ser respetados en sus territorios, en los que han explotado durante años, sin ver ningún tipo de desarrollo”, aseguró.
Por su parte el vicepresidente de la Asamblea, Giovanny Leal Ruiz dijo que es hora de que Colombia piense en las energías renovables.
“Ante un fracking que podría dejar desolación, proponemos acudir a este tipo de alternativas. Muchas son las conclusiones académicas que deja la realización de esta práctica de extracción. Además, esto pone en peligro los ecosistemas, se ven los impactos también sociales. Se ha comprobado que este proceso conlleva un número elevado de efectos nocivos”, concluyó.
Entre tanto, Amarilys Llanos, vocera de la Alianza Colombia Libre de Fracking, añadió que es importante que este tipo de eventos lleguen hasta los territorios que se tendrían que sacrificar si se hacen este tipo de proyectos.
“Es necesario pasar de palabras a la acción. Lo importante es garantizar el derecho que tienen las comunidades frente a la realización de estos proyectos, que además no cuentan con el carácter de investigación científica. Necesitamos acciones y decisiones finales”.