A una semana de que inicie un nuevo periodo legislativo, el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Iván Duque y el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, presentaron la nueva reforma tributaria que se radicará el próximo 20 de julio en el congreso de la República.
El proyecto de ley tendrá aproximadamente 35 artículos con los que se busca recaudar 15,2 billones de pesos, 10 billones menos de la que se retiró el pasado 2 de mayo luego del inicio de las protestas en todo el país.
Además, buscará darle continuidad a programas sociales, tales como Ingreso Solidario, y subsanar el hueco fiscal del país ocasionado por la pandemia.
El jefe de la cartera de Hacienda indicó que la reforma tributaria no afectará el bolsillo de las personas de clase media con impuestos como el IVA, tampoco aumentará la base de las personas naturales que declaran renta o de las pensiones.
De acuerdo con lo anunciado por el Gobierno, el 60% de los 15,2 billones de pesos que se necesita recaudar será aportado por las empresas, puesto que los principales gremios del país mostraron su interés por asumir la mayor carga tributaria.
El documento final será compartido el 20 de julio próximo. Por ahora desde el Ministerio de Hacienda compartieron los siguientes puntos clave del proyecto.
Plan de austeridad
La propuesta también contiene un ambicioso plan de austeridad, que generaría ahorros recurrentes de $1,9 billones entre 2022 y 2032, en promedio.
Dicho plan incluye una restricción desde el 2023 de los gastos de personal, sin afectar el poder adquisitivo de los servidores públicos. Adicionalmente, solo se permitirá la adquisición de bienes y servicios esenciales, recortando gastos de telefonía móvil, viáticos, arrendamientos y vehículos.
De igual forma, las transferencias a cargo de la nación se reducirán anualmente, sin afectar las de rango constitucional, como seguridad social, universidades públicas y pago de sentencias, entre otras.
También se contempla el control de los contratos de prestación de servicios y nóminas paralelas.
Propuesta antievasión
El Proyecto de Inversión Social le apuesta, además, a uno de los planes antievasión más ambiciosos que haya tenido el país, con esfuerzos por $2,7 billones.
Es así como otorga facultades para que la DIAN emita factura compulsiva o sugerida.
Así mismo, contempla la creación del Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), para identificar a los dueños o beneficiarios de las empresas para que cumplan con sus obligaciones.
También plantea un sistema de información georreferenciada, con el objetivo de detectar el valor real de los inmuebles declarados y, de otro lado, permite facturar el impuesto de renta con base en información de la factura electrónica e información reportada por terceros, facilitando así el recaudo.
No se tocará a la clase media
“El articulado propuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no tocará a la clase media”, reafirmó el ministro Restrepo, quien explicó que la iniciativa que se presentará al legislativo incluye un aporte solidario en renta del 35% por parte de las grandes empresas del país, a partir del 2022. Con esto, agregó, no se compromete la competitividad del país, ya que esta tarifa es menor a la de 2018 (37%).
Se contempla, además, un descuento del 50% del ICA en el impuesto de renta, un proceso de normalización tributaria para 2022 y una extensión de la sobretasa de renta al sector financiero hasta 2025.
De acuerdo con el ministro Restrepo, todas estas medidas permitirán un recaudo aproximado de $11 billones.
Así las cosas, según el ministro, esta reforma tributaria es el resultado de consensos que permitirán “darle la mano a los más vulnerables, lograr estabilidad fiscal y contribuir al crecimiento económico del país”, concluyó el funcionario.