Según el ente acusador, los representantes junto a sus familias estafaron a centenares de personas entre 2020 y 2022, mediante ofertas a través de las redes sociales, donde se ofrecían ganancias a quienes invertían en la compra y venta de inmuebles dentro y fuera de Boyacá.
Por estos hechos, el 11 de julio de 2022, la Superintendencia de Sociedades intervino dicha inmobiliaria, obligando a sus representantes legales a devolver el dinero de los ciudadanos, sin embargo, a la fecha, los procesados no habrían reparado a ninguna persona.
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Estas personas deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dineros, y estafa agravada.