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Frontera Colombia - Venezuela: Human Rights Watch denunció abusos contra civiles

La organización asegura que estos casos de violaciones de derechos humanos, ocurren en el marco de la ofensiva que desplegó Venezuela.

El informe más reciente del Observatorio de Derechos Humanos (Human Rights Watch) acusó al gobierno venezolano y a las fuerzas militares de ese país, de realizar ejecuciones extrajudiciales e incluso actos de tortura contra la población civil en la frontera con Colombia, específicamente en el estado de Apure.

La organización asegura que estos casos de violaciones de derechos humanos, ocurren en el marco de la ofensiva que desplegó el presidente venezolano Nicolás Maduro contra grupos armados irregulares. La ONG solicitó tanto a la misión de la ONU como a la Corte Penal Internacional investigar a profundidad estas denuncias.

El informe detalla que este operativo de las fuerzas de seguridad venezolanas: "derivó en la ejecución de al menos cuatro campesinos, detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles ante tribunales militares, y torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos armados".

El director para las Américas de HRW José Miguel Vivanco señaló en el informe:

"Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure, no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro", cita la publicación.

Fue el pasado 21 de marzo, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) inició combates contra los grupos ilegales en Apure que nunca fueron identificados, pero que la ONG Fundaredes calificó de presuntos disidentes de la disuelta guerrilla colombiana de las Farc.

Los enfrentamientos entre las FANB y las presuntas disidencias se extendió por casi tres semanas, causando el desplazamiento de cerca de 6.000 venezolanos hacia territorio colombiano, según los datos recopilados de Fundaredes.

Algunas de las acciones que se cometieron contra los civiles fueron detalladas por HRW, el informe señala el caso de cuatro miembros de una misma familia:

"Sus cuerpos fueron encontrados a un kilómetro y medio, en El Ripial, con cortes, heridas de bala y presuntas luxaciones óseas. Peritos forenses concluyeron que las fotografías de los cuerpos sugieren que habrían sido movidos y que las armas de fuego y granadas que se ven junto a sus manos pudieron haber sido sembradas", señala el texto.

Vivanco también resaltó la importancia de que estas denuncias sean investigadas por organismos internacionales y que los responsables sean procesados por estos delitos: “Las investigaciones internacionales de estos crímenes son fundamentales, ante el volumen creciente de evidencias que implican a los agentes que han cometido abusos, así como a los comandantes y altos funcionarios que sabían o deberían haber sabido lo que ocurría durante estos operativos”.

Se espera que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional junto a la misión de la ONU, revisen estos hallazgos y se determine la responsabilidad del gobierno de Nicolás Maduro en estos crímenes y violaciones de derechos humanos.

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