Ante la Fiscalía General de la Nación, el abogado Jorge Molano denunció penalmente al comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, por posible participación en política y pidió que sea investigado urgentemente.
"Se disponga con carácter urgente la designación de fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, a efectos de que con apoyo de un grupo especial de agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones, recopile el conjunto de elementos materiales probatorios que permitan evaluar y calificar la conducta del comandante del Ejército, general Eduardo Enrique Zapateiro", se lee en la denuncia.
Según Molano, el alto oficial debe ser imputado por los delitos de prevaricato por acción e intervención en política, ya que al momento de responder a través de Twitter los comentarios de Gustavo Petro en el que este aseveró que varios generales estaban en la nómina del Clan del Golfo, "rompió el orden constitucional y resquebrajó el Estado social de derecho".
También te puede interesar:
Motivos por los que en su denuncia le solicitó al fiscal general Francisco Barbosa que se promueva la "imputación de cargos a la mayor brevedad, así como solicitud de medida de aseguramiento para evitar su permanencia en el cargo y el riesgo que constituye para la sociedad", advirtió.
"Dado que la permanencia en el cargo del actual Comandante del Ejército, general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, constituye un riesgo para la sociedad, para el Estado social de derecho y para el carácter democrático del mismo, y a efectos de garantizar la no repetición de sus conductas, se promueva la adopción de medida de aseguramiento, que conlleve la suspensión en el ejercicio del cargo", se solicitó.
Por su parte, la Procuraduría también le abriría una investigación al general, ya que con esta acción vulneró las normas que prohíben a los integrantes de la fuerza pública ejercer una posición beligerante y tomar partido en la contienda electoral.
"Que el comandante del Ejército participe en política y ataque a un candidato presidencial es muy grave y pone en riesgo la institucionalidad. Pero es más grave, y el riesgo es mucho mayor cuando, lejos de ser desautorizado, es respaldado por el presidente de la República”, precisó en el documento.