“Policía reaccionó de manera desproporcionada”: relatoría sobre protestas del 9S

Una investigación independiente solicitada por la Alcaldía de Bogotá y apoyada por Naciones Unidas, concluyó que la Policía Nacional de Colombia reaccionó de manera “desproporcionada” durante las protestas ocurridas en septiembre de 2020, donde murieron 14 personas.

“Los días 9 y 10 de septiembre de 2020, la Policía Nacional de Colombia reaccionó de forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad, en la atención de las manifestaciones ciudadanas ocurridas en Bogotá y Soacha, donde se presentaron protestas por el asesinato de Javier Ordóñez en un procedimiento policial”, se lee en el documento.

Lo anterior es una de las principales conclusiones de la relatoría que fue entregada este lunes por el exdefensor del Pueblo, Carlos Negret, con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre los hechos ocurridos durante esas fechas y que había sido solicitada por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

El informe recopiló más de 100 testimonios y confrontó 450 fuentes y documentos, donde señalaron tipos de delitos como: uso ilícito de la fuerza; violencia contra la Fuerza Pública; detenciones arbitrarias; violencias basadas en género; estigmatización de la protesta social y violencia contra bienes públicos y privados.

Negret fue el encargado de presentar la relatoría, cuya principal conclusión es que lo que pasó a estas personas nunca debió haber ocurrido, ya que nada justifica sus muertes.

Sin embargo, Negret  planteó preguntas como: "quién dio la orden, por qué a ellos, por qué disparar contra manifestantes desarmados, por qué proteger a sangre y fuego un pedazo de cemento, quién responde por el dolor causado, por las vidas perdidas y los sueños arrebatados y por qué no los auxiliaron”.

Por su parte, Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, dijo que cree en el poder transformador de este informe. “La ciudadanía no puede tener como enemiga a la Policía. Es posible restaurar esa confianza, empezando por investigaciones rápidas y creíbles, reconociendo la verdad, a las víctimas, a sus familias, la injusticia y el abuso. Yo creo que el objetivo ahora debe ser tomar medidas necesarias para la no repetición, sanar las heridas de civiles y policías, de Bogotá y de Colombia".

A su turno, la alcaldesa, Claudia López  dijo que este informe es "doloroso pero necesario" y ofreció perdón. “Ofrezco perdón como ciudadana y como alcaldesa, por no haber podido prevenir que una tragedia semejante ocurriera, todos nos equivocamos, dice la relatoría con razón”.

En su discurso pidió una vez más al comandante de la Policía y al presidente de la república, Iván Duque, reconocer lo que sucedió “Que reconozcan que las vidas de nuestros jóvenes se perdieron en medio del uso ilegítimo, inconstitucional de las armas de la Policía Nacional". Por último, dijo que presentará este informe al presidente de la República.

El informe

La Relatoría documentó las muertes de 14 personas en este contexto de violencia, incluido el caso de Javier Ordóñez, por quien se inició la manifestación. De las 14 víctimas mortales, 11 habrían sido como consecuencia del uso ilícito de la fuerza por parte de agentes de la Policía, según el documento.

Dos muertes más, según el informe, ocurrieron como resultado de intervenciones de personas vestidas de civil quienes accionaron armas de fuego en contra de manifestantes y tercero corresponde a la muerte de Cristian Alberto Rodríguez Cano, quien hasta la fecha no ha sido reconocido por las autoridades como parte de los casos ocurridos en el marco de las manifestaciones del 9S.

Además, el informe revela que se presentaron 75 personas lesionadas por arma de fuego, 43 por arma cortopunzante, 187 por otro tipo de lesiones y las heridas provocadas a al menos a 216 miembros de la Policía.

Conclusiones

La relatoría explica que las 11 muertes que ellos identificaron por uso ilícito de la fuerza por parte de agentes de la Policía, se presentaron ante la ausencia de una orden política y operativa de no utilizar las armas de fuego en contra de los manifestantes, en un contexto social de alta tensión que requería  liderazgo político y operativo, en los niveles nacional y distrital, fundado en los derechos para evitar su ocurrencia.

Estas muertes se registraron en las localidades de Usaquén (tres homicidios), Suba (cinco homicidios), Engativá (dos homicidios), Kennedy (un homicidio) y el municipio de Soacha (tres homicidios).

Además la relatoría encontró que al hacer un paneo de las víctimas mortales, estas comparten algunas características socioeconómicas: sus familias o ellos son provenientes de diferentes regiones y llegaron a Bogotá en busca de oportunidades (13 de los 14 casos), sus edades se encontraban entre 17 y 27 años (10 de las 14 víctimas), no eran profesionales (11 eran bachilleres, dos estaban haciendo una carrera y uno tenía formación técnica), o eran trabajadores informales o tenían contratos cuyos ingresos se encontraban cerca del salario mínimo (13 de 14).

Lo anterior explica, según la relatoría, que es claro que la acción violenta de los agentes de Policía se encarnizó en contra de los jóvenes de los sectores populares de Bogotá y Soacha y que el resultado de esta tragedia deja ver que existe una criminalización de la pobreza por parte de la Fuerza Pública de la que se desprenden acciones autoritarias e ilegales en contra de los habitantes de ciertos sectores sociales.

Con relación a la judicialización de las personas que cometieron estos hechos, el informe dice que esta es escasa para garantizar la no repetición. “Mientras estas no se guíen por los principios de la investigación en contexto, los resultados no lograrán esclarecer todos los casos, pero más aún, las condiciones institucionales que propiciaron lo ocurrido. A 15 meses de la ocurrencia de los hechos, los avances son residuales y si bien no es posible aseverar que se encuentran en la impunidad, hacia allá transitarán si no se adoptan medidas urgentes”, dice el informe.

Recomendaciones

Para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, la relatoría recomienda a la Policía Nacional, llevar a cabo un acto solemne de reconocimiento de responsabilidad y petición genuina de perdón a todas las víctimas de violencia, abuso o brutalidad policial.

También pide al Congreso de la República y al Gobierno Nacional, crear mediante la adopción de una ley un “Programa de Reparación Integral para Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos de la Policía Nacional” fundado en el artículo 90 de la Constitución.