JEP indaga posibles casos de fosas comunes en resguardo indígena San Lorenzo
Por: Juliana Villanueva Bedoya
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investiga la posible existencia de fosas comunes dentro del resguardo indígena San Lorenzo, ubicado entre Riosucio y Supía. De acuerdo con este tribunal es posible que allí se encuentren cuerpos de más de 18 personas dadas por desaparecidas en medio del conflicto armado.
Esta decisión se da en el marco del trámite de las medidas cautelares solicitadas por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, en el que la JEP busca proteger y preservar 16 lugares del país ubicados en Antioquia, Caldas, Cesar, Santander y Sucre, en donde habría cuerpos de posibles víctimas del delito de desaparición forzada.
Este resguardo que consta de más de 6.000 hectáreas, tiene, de acuerdo con la JEP unos 15 puntos a lo largo de su territorio en el que se podrían encontrar algunas fosas comunes: “Nosotros hemos tenido varios encuentros con la comunidad para estudiar e identificar con ellos los sitios donde se pueden encontrar las fosas. Hay cifras muy preliminares y se ha llegado a creer que incluso podríamos hallar más de 70 cuerpos, pero aún no tenemos cifras exactas”, indica la magistrada de la JEP encargada del caso, Maria del Pilar Valencia.
Esta no es la primera vez que se tienen noticias sobre fosas comunes dentro de esta comunidad. La Fiscalía General de la Nación, por órdenes del Juzgado Primero de Restitución de Tierras de Pereira, realizó prospecciones del Resguardo en el 2016, recuperando cuerpos esqueletizados de seis personas dadas por desaparecidas.
En ese momento se explicó que en conjunto con las autoridades indígenas se estableció una lista de 50 personas desaparecidas perteniencientes al pueblo indígena Embera Chamí que habita este resguardo.
Las comunidades indígenas cuentan que esta estrategia les servirá para que desde su cosmogonía puedan sanear su territorio ancestral, pues explican que gracias a la presencia de estos cuerpos sus cultivos y sus animales no producen lo que deberían: “Nosotros celebramos la decisión de la JEP de cooperar con esta búsqueda que para nosotros tiene doble sentido: El saneamiento espiritual del territorio y que tengamos información acerca de las personas que tenemos desaparecidas”, explica Arahugo Gañán, uno de los líderes del resguardo.
Y es que para las comunidades indígenas la construcción de su territorio se entiende desde una visión cultural y de estructura del sujeto por lo que la presencia de fosas comunes y el paso de grupos armados ilegales por su territorio se convierte en una afectación directa a su comunidad.
En la región donde se ubica el resguardo indígena de San Lorenzo operaron diferentes grupos armados, entre ellos las Farc, el EPL y el Bloque Cacique Pipintá de las Autodefensas Unidas de Colombia, con una influencia importante en municipios como Riosucio y Supía y los departamentos fronterizos como Risaralda y Antioquia, por lo que la JEP cree que allí se pueden encontrar víctimas de localidades vecinas.
Esta investigación que abrió la JEP se debe también a toda la estrategia de posconflicto con enfoque étnico generada desde el resguardo, que, de acuerdo con las autoridades del cabildo, es una forma de resarcir de una manera íntegra todas las heridas que dejó la violencia.
En esta estrategia, según la comunidad, entidades como la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Comisión de la Verdad y la Fiscalía General de la Nación han aportado para la construcción de paz en el territorio.
“En el Eje Cafetero en general hay una problemática generalizada y es la invisibilización del conflicto armado. Esta medida que toma la JEP es pertinente para conservar la historia de lo que pasó e intentar hallar cuál es la raíz del fenómeno para así atender a las víctimas que en este caso puntual serían los familiares”, argumenta Óscar Martínez, coordinador de la Comisión de la Verdad en el Eje Cafetero.
Por el momento se espera que termine la emergencia sanitaria por la pandemia de Coronavirus para que el proceso de reconocimiento del territorio pueda continuar y finalmente determinar si hay o no fosas en el resguardo indígena de San Lorenzo.
