La Procuraduría General de la Nación advirtió que está en riesgo el programa de la primera infancia para los niños wayuu por los retrasos en los procesos de selección y contratación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Según el ente de control a la fecha, se evidencian demoras en la firma y en el inicio de la ejecución de los contratos, sumado a un alto número de zonas declaradas desiertas en La Guajira.
"El cambio de modelo para la atención integral de los wayuu en los municipios priorizados de Maicao, Uribia, Riohacha y Manaure ha ralentizado la contratación en la modalidad propia e intercultural con componente alimenticio de por lo menos 80 mil familias (...) no hay un censo claro que permita determinar con certeza a cuántas comunidades, familias e individuos se les proporciona la atención", indicó el Ministerio Público.
La Procuraduría igualmente hizo un llamado para que se revisen "los requisitos para los oferentes, la selección objetiva, los criterios aplicados y la implementación de invitaciones cerradas para la escogencia de los operadores", teniendo en cuenta el estado de cosas inconstitucional frente a la comunidad Wayuu, "los incumplimientos y abandono por parte del Gobierno Nacional se siguen dando en materia de salud y educación".
Ante la situación y para evitar que la comunidad Wayuu quede desprotegida, el ente de control citó para el próximo 20 de junio a la directora del ICBF, Astrid Cáceres, para que informe sobre los planes para solucionar la problemática.