Corte definirá quién sigue la investigación por masacre de Alto Remanso
A pesar de que la Fiscalía General de la Nación imputaría el delito de homicidio en persona protegida a 25 militares que participaron en un operativo en la vereda Alto Remanso, ubicada en el municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo), y en la cual perdieron la vida 11 personas, se está buscando que este caso sea transferido a la Justicia Penal Militar en lugar de continuar en la justicia ordinaria.
Sin embargo, para el ente acusador este caso debe seguir en sus manos, pues está comprobado la violación grave de derechos humanos cometidos por el Ejército y la Armada que estuvieron a cargo del operativo del 28 de marzo de 2022.
En diálogo con la Revista Cambio, el director especializado contra las violaciones de los derechos humanos de la Fiscalía, Hugo Tovar, afirmó que en este operativo hubo manipulación de los cuerpos; el Ejército disparó aunque había personas de la tercera edad, menores y mujeres embarazadas y la Fuerza Pública violó reglas del Derecho Internacional Humanitario.
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“Encontramos una escena con varios cuerpos de personas que habían muerto en desarrollo de la operación. Reconstruimos la escena con un equipo interdisciplinario compuesto por expertos balísticos, médicos forenses y topógrafos, entre otros. Recogimos testimonios de quienes se encontraban en ese momento en El Remanso. Y, como los cuerpos también hablan, hicimos un ejercicio muy serio para establecer desde dónde se habrían hecho los disparos que derivaron en la muerte de las 11 personas”, explicó el fiscal Tovar.
Agregó el delegado del ente acusador que “un elemento determinante en esta investigación fue la obtención de muestras biológicas, como por ejemplo, las practicadas a las manchas de sangre que encontramos en las armas. Con esto establecimos quién accionó las armas encontradas, y si pertenecían a las personas que resultaron muertas. Lo hicimos, porque desde el principio se dijo que los muertos eran integrantes de un grupo armado, entonces la Fiscalía se dedicó a confirmar o descartar esa hipótesis”.
Ahora la Corte Constitucional será la encargada de definir si esta investigación queda en manos de la Justicia Penal Militar o si continúa en la justicia ordinaria para así iniciar las imputaciones de cargos y medidas al respecto.
