Los seis funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec- fueron capturados en un operativo simultáneo reaalizado en las ciudades de Cartagena, Montería y Sincelejo. Están señalados por la Fiscalía de la comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado, concusión y extorsión en la Cárcel San Sebastián de Ternera, en Cartagena.
Los capturados fueron identificados como los inspectores Jhon Jairo Palacios y Edwin Munar Garzón, y los dragoneantes Vanessa Polanco Basanta, Miller Alberto Prieto Luna, Carlos Álvarez Lozano y Jairo Romero Payares.
Según el ente acusador estos habrían aprovechado sus funciones para cometer los supuestos actos delictivos, manteniendo controlados a los internos y a los otros guardas.
Se conoció durante las audiencias de legalización de captura que, aunque estos funcionarios habían sido trasladados desde la capital de Bolívar a otros centros penitenciarios, a través de interceptaciones telefónicas se evidenciaron conversaciones con otros funcionarios del Inpec y con miembros de la población carcelaria que evidenciaron la comisión de las extorsiones.
Dentro del material probatorio presentado ante el juez 18 penal municipal de garantías de Cartagena (Bolívar) se encontró que los llamados jefes de los patios 2 y 6, que harían parte de la banda delictiva, eran quienes obligaban a otros internos a pagar cuotas semanales de $10.000 o $20.000, las cuales eran entregadas los domingos al personal del Inpec que ejercía la vigilancia, con el fin de que les permitieran el ingreso de licor, estupefacientes, teléfonos celulares y armas.
Aseguró la Fiscalía que, de acuerdo con las investigaciones, los reclusos que no pagaban eran reportados ante los servidores públicos, quienes presuntamente los sometían a malos tratos, les prohibían las visitas y eran agredidos físicamente.
También hay indicios de que los procesados cobrarían dinero a los internos para devolverles los elementos decomisados tras las requisas que hacían en las celdas o calabozos, donde los guardias incautaban teléfonos celulares, cargadores, tarjetas sim card, armas y estupefacientes.
Durante las audiencias preliminares los seis funcionarios no aceptaron los cargos presentados por la Fiscalía. El juez les impuso medida de aseguramiento en detención domiciliaria, medida que fue apelada por la Fiscalía General de la Nación.