Juez envió a la cárcel a Emilio Tapia por contrato de Centros Poblados con MinTic

El juez 53 de control de garantías de Bogotá dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el contratista Emilio Tapia, el representante legal de Centros Poblados; Luis Fernando Duque y el directivo de Rave Agencia de Seguros, Juan José Laverde, señalados de cometer los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado.

El juez aseguró que estos tres hombres no solo representan un peligro para la sociedad, sino que podrían obstruir la justicia e involucrarse en más escándalos de corrupción por lo que mientras avanza este proceso deben estar privados de la libertad.

“El señor Tapia de verdad es el peligro de una dimensión muy clara y amplia, tanto así que se perdieron 70 mil millones o más en todos los procesos en los que él ha estado involucrado”, dijo.

El juez además no tuvo en cuenta la solicitud de la defensa de Tapia de recluirlo en la guarnición militar de Malambo, Atlántico, por lo que será enviado a una cárcel que designe el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec).

"Habló que lo amenazaron, pero bueno, han pasado más de cinco años (...) lo mejor es que lo trasladen a un establecimiento de reclusión con criterios de máxima seguridad, pues los batallones no están para vigilar medidas preventivas ni cárceles", aseguró.

Sobre Duque y Laverde afirmó que tampoco son inocentes “como sus abogados quisieron hacer ver”, pues consiguieron los documentos ilegales y firmaron los papeles falsos con el fin de lograr el anticipo para supuestamente llevar el internet a las zonas más apartadas del país.

“En el caso de Laverde, se dejó instrumentalizar por Tapia. La medida de aseguramiento es necesaria para que estas actividades no se repitan en el futuro (…) Señor Duque, usted no tiene un diagnóstico nefasto, pero sí digo que parece que en algún momento de su carrera se encontró con Emilio Tapia, se dejó instrumentalizar en esta participación criminal. Lamento que se encuentre en esta situación y lo exhortó a que siga colaborando con la justicia”, aseveró.

El juez anunció además que compulsará copias contra las dos exfuncionarias del Ministerio de las TIC, Adriana Meza y Sandra Orjuela, que debían revisar la legalidad de las pólizas y las garantías bancarias del banco Itaú y no lo hicieron, lo que permitió que se diera el adelanto de los 70 mil millones de pesos que están perdidos en un paraíso fiscal en Estados Unidos, “mientras los niños continúan sin internet”.

“Como es que no se dan cuenta que mágicamente aparecieron de un momento a otro unas garantías para lograr la firma del contrato y la entrega del anticipo”, concluyó el funcionario judicial.