El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que Luis Fernando Duque, uno de los implicados en el escándalo de corrupción con Centros Poblados, será trasladado de la cárcel La Modelo de Bogotá a la cárcel de Alta y Media Seguridad El Barne en Cómbita, Boyacá.
La decisión la tomó el Inpec, teniendo en cuenta que la cárcel Modelo no cuenta con un pabellón de Alta Seguridad y además porque de acuerdo con una solicitud de la Fiscalía y de la defensa de Duque a este hombre se le estarían violando sus derechos en este centro carcelario.
“Igualmente, la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos en comunicación del 21 de febrero traslada la información de la Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado al INPEC, de la solicitud del Privado de la libertad Luis Fernando Duque Torres solicitando el traslado por presuntas agresiones y amenazas”, indicó el Instituto.
Horas atrás, a través de una carta, el abogado Alejandro Sánchez, quien representa a Duque, le había solicitado al director del INPEC, general Mariano Botero, que no hiciera este traslado o de lo contrario no continuará la colaboración con la justicia, ya que estando recluido en Bogotá, ha presentado dificultades y “los medios virtuales no son el canal más eficiente” para tratar un tema tan delicado como es el caso de corrupción en el que se perdieron más de 70 mil millones que serían usados para llevar internet a las zonas más apartadas del país.
El abogado aseveró en su carta además que esperaba que el traslado “sea falso porque le haría un daño muy grande al proceso de colaboración y también al país que busca respuesta al caso Centros Poblados”.
En las últimas horas, Luis Fernando Duque, así como otros de los implicados en este caso, fueron imputados por la Fiscalía General por nuevos delitos. Sin embargo, ninguno los aceptó porque están detrás de un acuerdo con el ente acusador en el que revelarían la verdad y devolverían el dinero a cambio de beneficios judiciales.
En esta diligencia, la Fiscalía reveló que los procesados habrían utilizado 15 mil 242 millones de pesos de los más de 70 mil del anticipo del contrato en la compra de excentricidades y lujos, entre los que se encuentran apartamentos, vehículos, préstamos y pagos de honorarios.