Corte abre investigación penal contra el representante Edwin Ballesteros
La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal en contra del representante a la Cámara por el Centro Democrático, Edwin Ballesteros Archila, por presuntos contratos irregulares cuando fue gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander.
El representante tendrá que rendir indagatoria por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho.
Estas investigaciones son derivadas del proceso que se adelanta contra el senador Richard Aguilar cuando fue gobernador de Santander.
Para la Corte, la información suministrada por testigos en el proceso de Aguilar adquiere consistencia probatoria en este caso, por lo cual se abrió la investigación. Por lo que el CTI de la Fiscalía tendrá que realizar un análisis de los contratos presuntamente irregulares que se celebraron en Norte de Santander.
Dentro de los contratos que se presentaron está una consultoría entre la Empresa de Servicios Públicos de Santander y la firma Ingream SAS por más de 1.188 millones de pesos en 2014, para las obras de rehabilitación y mantenimiento del acueducto del municipio de Sucre.
Así mismo, se tendrán que demostrar las supuestas irregularidades en el contrato firmado con la empresa Unión Temporal Enciso Potable por valor de 471 millones de pesos.
La alta corte también investiga si Ballesteros tuvo que ver en actuaciones aparentemente irregulares en el contrato celebrado en diciembre de 2015 con la Unión Temporal Acueducto de Landazuri. En dicha contratación los investigadores encontraron en una inspección realizada en marzo de este año que la obra fue suspendida y abandonada, después de recibir un anticipo de 1.738 millones de pesos.
Así mismo, se estudia un supuesto acuerdo entre Ballesteros con el exgobernador Richard Aguilar en el que se habría comprometido a entregar los contratos de obras de los acueductos de Chipatá y Baricharab a Octavio Reyes Sarmiento y que se habría recibido la suma de 600 millones de pesos.
“Durante toda mi actuación como funcionario público jamás he actuado en contra de Ley ni mucho menos afectando los principios y la ética de todo funcionario público. Todos sabemos lo que sucede en ese tipo de procesos y lo importante es estar atentos a la justicia, acceder a los llamados de la honorable Corte Suprema para demostrar la verdad, nuestra inocencia que es lo más importante”, indicó Ballesteros.
