Corte abrió investigación a excongresistas por declaración de 'Otoniel' ante la JEP
Luego de recibir la declaración que el exjefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel' rindió ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió indagación previa contra varios congresistas para determinar sí incurrieron en alguna actuación irregular.
Se trata del senador Miguel Ángel Pinto y los excongresistas Milton Rodríguez, Carlos Cárdenas y Jorge Camilo Abril, quienes al parecer fueron mencionados por el exjefe del Clan del Golfo antes de su extradición hacia los Estados Unidos.
Además, la Corte Suprema busca obtener nuevamente el testimonio de 'Otoniel' el próximo viernes seis de mayo para que este les indique cuál fue su relación con los congresistas y cómo influyeron estos en varios hechos que ocurrieron en Colombia.
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Igualmente, la Corporación solicitará que el Congreso confirme la calidad de aforados de los mencionados por 'Otoniel' y tras los resultados de las investigaciones determinará qué paso sigue y si los vincula o no a un proceso formal.
Consejo de Estado levantó la medida cautelar que había suspendido la extradición de ‘Otoniel’
El Consejo de Estado negó la tutela con la que las víctimas del máximo jefe del Clan del Golfo, pidieron suspender su extradición, al considerar que la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General y el Gobierno Nacional vulneraron sus derechos al permitir que sea enviado a los Estados Unidos.
El alto tribunal afirmó que basándose en los análisis que solicitaron las víctimas, “los efectos de la protección que se pretendía, mediante la medida provisional adoptada, se encuentran desvirtuados con la documental obrante en el proceso”.
‘Otoniel’ es requerido en la Corte del Distrito Sur de Florida y en la del Este de Nueva York, “por conspiración para poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada a sabiendas de que será importada a los Estados Unidos”.
Una vez Otoniel cumpla su condena en ese país, volvería a Colombia, donde tiene pendientes 122 órdenes de captura y seis sentencias condenatorias, entre ellas dos de 40 y 50 años de prisión, por delitos como homicidio, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, desaparición forzada, entre otros.
