Defensa de Emilio Tapia pide que sea enviado a guarnición militar en Atlántico

Este viernes, ante el juez 53 de control de garantías de Bogotá se lleva a cabo la continuación de la audiencia de solicitad de medida de aseguramiento en contra de Emilio Tapia, Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados y Juan José Laverde, integrante de Rave Agencia de Seguros, por su presunta participación en la adjudicación del contrato entre Mintic y Centros Poblados.

Luego de que los tres detenidos fueron imputados por los delitos de falsedad en documento privado por la garantía que presentaron del Banco Itaú, además de fraude procesal por las garantías de cumplimiento y acta de inicio del contrato, la Fiscalía pidió que fueran enviados a la cárcel.

La solicitud la sustentó la fiscal “teniendo en cuenta estos hechos lastimosamente de corrupción que afectan al conglomerado social”, y agregó que “pueden obstruir las acciones de la Fiscalía para acreditar las conductas”.

Además, la fiscal le dijo al juez de garantías que los ahora capturados representan un peligro para el proceso y la comunidad, que deben estar en una cárcel, ya que se pudo probar que su actividad criminal se ejecutó y se extendió a pesar de estallar el escándalo por la falsedad de las garantías bancarias.

Para iniciar la audiencia de este viernes, Iván Cancino, quien representa como víctima al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, respaldó las pretensiones de la Fiscalía y aseguró que sí se configuró el delito de falsedad en documento privado, por cuanto las garantías que se presentaron para la adjudicación del contrato fueron falsas.

“Lo que no tiene ninguna discusión es que el hombre detrás de algunas compañías de Centros Poblados sí era el señor Emilio Tapia, está comprobado con reuniones en al menos dos partes de Colombia, en Medellín y Bogotá, está establecido desde la parte probatoria que sí tuvo conocimiento del tema de la producción de las garantías”, dijo Cancino.

El abogado, además, consideró necesario embargar los bienes de los tres implicados para que no puedan venderlos o traspasarlos y así pueda asegurarse o se intentar recuperar el dinero que perdió la cartera de Gobierno con este contrato.

Miguel Antonio Carvajal, representante de la Procuraduría aseguró resulta entendible para cualquier persona del común que se puede, en remplazo de la póliza de seguros, presentar una garantía bancaria que asegure un eventual requerimiento del contratante, no obstante, “los bancos no las otorgan gratuitamente, tendría mayores requerimientos que imponen el tráfico comercial, sin embargo, se consiguieron estas garantías sin mayores requerimientos”, aseguró.

Por lo anterior, el representante del ministerio público aseguró que la petición de la Fiscalía de pedir la medida de aseguramiento se ajusta al derecho y que Centros Poblados nunca tuvo una relación con el Banco Itaú, por lo que, desde el punto de vista objetivo, no se puede justificar cualquier actuación frente al trámite de estas actuaciones.

En relación a Emilio Tapia, Carvajal mencionó la existencia de tres sentencias condenatorias relacionadas con fenómenos de corrupción en la contratación estatal, “por lo cual resulta necesaria la imposición de la medida de aseguramiento carcelario, lo que evitaría, teóricamente, la continuación de una actividad delictiva”.

Los otros implicados, el representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque y el asesor de seguros Juan José Laverde, no representarían el mismo peligro, a juicio de la Procuraduría.

Entre tanto, Alejandro Sánchez, abogado de Emilio Tapia se opuso a la pretensión de la Fiscalía, sustentando en un primer punto el ajuste de legalidad, asegurando que, si el contrato es uno solo, la conducta debería ser una sola también y que la Fiscalía presentó al menos seis conductas en relación a las actuaciones del contratista, por lo que busca evitar una inflación de cargos.

Otro punto que tuvo en cuenta el defensor fue el de la inferencia razonable, aseguró que hay tres coatuores y dijo que Tapia no conoce a Jorge Enrique López, ni hizo compromisos con él y que tampoco se comprometió a pagar con él ninguna suma de dinero, además que la Fiscalía no presentó ninguna prueba para que se demuestre lo contrario.

Además, aseguró que Tapia se ofreció de manera voluntaria a colaborar con la justicia desde el 13 de septiembre.

En relación a Juan Carlos Cáceres, testigo estrella de la Fiscalía, quien aseguró que lo amenazaron, el defensor dijo que días antes de que este denunciara a la Fiscalía los hechos, se reunió con Tapia y le comentó los hechos, pero nunca les contó las amenazas en cuestión.

Además, aseveró que hubo aspectos que la Fiscalía no acreditó sobre la declaración de las amenazas, que no se sabe si eso fue un asalto o bajo qué aspectos se presentó la irrupción en la vivienda de Cáceres.

Sobre los libros de registro, aseguró que las complejidades sobre la obtención de la información no pueden ser atribuidas a Emilio Tapia y que la Fiscalía tiene la constancia de que Tapia no hizo las reuniones en Bogotá que se le presentaron. Además, que el contratista no negó en ningún momento su vínculo con Centros Poblados.

Sobre Jorge Alfonso Molina y el borrado de chats, aseguró que Tapia no participó en esos hechos y no hay pruebas de la Fiscalía que demuestren lo contrario.

El defensor de Tapia pidió que no fuera concedida la medida de aseguramiento en una cárcel y que, de no conceder este beneficio, se aplique casa por cárcel, porque Tapia no representa peligro para la sociedad, pues ha colaborado con la justicia, ha observado buena conducta, además que por estar en medida de casa por cárcel no podría salir de la vivienda, "lo pueden vigilar en su vivienda y lo podrían monitorear constantemente".

Además, pidió la posibilidad que, si el juez lo envía a prisión, lo haga al Batallón Vergara y Velasco, en Atlántico, considerando que hay factores de riesgo para Tapia, debido a que ha sido víctima de amenazas y ataques por su colaboración con la justicia en procesos anteriores y pendientes, en el marco de los principios de oportunidad que ha acordado con la Fiscalía.

Por su lado, Omar Cabarcas, apoderado de Juan José Laverde, pidió que fuera negada la medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario, pues no está clara la inferencia de autoría en los delitos imputados y que, en el caso de este imputado, no se consideraron medidas subsidiarias como la casa por cárcel.

Aseguró que Laverde no tiene un papel importante en estos hechos por cuanto solo es un corredor de seguros, que se conoció con Jorge Alfonso Molina solo para conseguir unas pólizas y que hubo una relación comercial en la que fue Molina quien le habló de la existencia de un lote en Santa Marta que era lo que le permitía conseguir las garantías, pero que en ningún momento él conoció que serían falsas.