Corte Constitucional legitimó informes que señalan a Fabián Sanabria por acoso sexual
La Corte Constitucional negó una tutela interpuesta por el profesor y antropólogo de la Universidad Nacional Fabián Sanabria en la que alegaba que habían sido vulnerado su derecho a la intimidad por las denuncias hechas en su contra por supuestos actos de violencia sexual que habrían sido cometidos por él contra alumnos de la institución.
A mitad de 2020, la vocera de la Comisión Feminista de Asuntos de Género y de Antropología, Mónica Godoy, publicó un informe sobre presuntos casos de abuso sexual en el plantel educativo. Sanabria era uno de los señalados en la denuncia.
Según el informe, Sanabria había agredido sexualmente a un estudiante. La denuncia recogía las declaraciones de una supuesta víctima de esta conducta. El profesor negó rotundamente las acusaciones porque que "violaban injustificadamente su honra y buen nombre".
La denunciante Godoy publicó luego un segundo informe de acoso sexual en el que se volvía a señalar a Sanabria de hacer insinuaciones a un estudiante, a quien después habría invitado a su residencia.
Godoy dio igualmente declaraciones a varios medios de comunicación que apoyó con varios audios de supuestos alumnos que denunciaban a Sanabria.
"Es un escarnio público contra mí. En mis redes sociales, particularmente en Twitter, con toda clase de improperios y ataques contra mi honra", fue la respuesta del profesor, quien interpuso una acción de tutela contra Godoy, para que se abstuviera de hacer las acusaciones contra él.
La Corte Constitucional, al estudiar la tutela de Sanabria, concluyó que la información difundida en los dos documentos está "protegida por la libertad de expresión", pues su objetivo era señalar que existe un contexto que propiciaba la violencia sexual dentro de la institución.
El alto tribunal pidió a la rectora de la universidad que en un plazo de un año se actualice la normatividad vigente para la apertura y seguimiento de procesos disciplinarios contra miembros de la comunidad educativa.
A su vez, al Ministerio de Educación le ordenó destinar recursos financieros para que se fortalezca la política contra la violencia de género dentro de la Universidad Nacional y se cree una norma nacional para que universidades públicas y privadas cuenten con instrumentos normativos para atender, prevenir, investigar y sancionar los casos de violencia de género.
