Procuraduría entregó informe sobre irregularidades en elecciones del 13 de marzo
Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Procuraduría General de la Nación entregó el informe sobre las irregularidades que se habrían presentado en las elecciones al Congreso el pasado 13 de marzo, en medio de la acción popular que está en trámite y con la que se busca suspender al registrador Alexander Vega.
En el informe, el Ministerio Público aclaró que ha recibido 2.069 quejas por el proceso electoral, de las cuales ha evaluado 1.306 de ellas y se han producido 1.207 autos inhibitorios, 70 indagaciones y 32 investigaciones disciplinarias.
Adicionalmente, en el ente de control cursan 100 procesos disciplinarios contra 67 servidores públicos y 33 jurados de votación, entre los indagados se encuentran los alcaldes de Ibagué, Cartagena, Medellín, Manizales, y de los municipios de Caparrapí, Soacha, Puli y Paratebueno (Cundinamarca), y Mogotes (Santander); y el gobernador de Vichada por presunta participación en política en las elecciones legislativas
Sin embargo, otras quejas tienen que ver con el diseño del formulario E-14, que pudo generar confusiones a la hora del preconteo, falta de capacitación para el día electoral; desconocimiento sobre el desarrollo de las etapas del proceso electoral; adicional de uso indebido del celular y la omisión en la entrega del tarjetón electoral de consultas, pese a la petición de los electores.
En el informe también se destacó que, en las elecciones del 13 de marzo, se presentó constreñimiento al elector; entrega de tarjetones sin las firmas de los jurados; impedimento de acompañante a personas con discapacidad; presunto traslado de votantes; verificación de suplantación de identidad y problemas de orden público.
Es por estos hechos que la Procuraduría días atrás le solicitó a la Registraduría y al Consejo electoral informar cuál es el plan de acción que permitirá eliminar cualquier irregularidad en las elecciones presidenciales.
Presuntas irregularidades con los jurados de votación
Fuera de este informe, la Procuraduría verificó la base de datos de jurados de votación para la posterior asignación a las elecciones presidenciales y evidenció que 2.925 ciudadanos postulados se encuentran inhabilitados para ejercer funciones públicas.
"Dicha base de datos se cruzó con el Sistema de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad –SIRI– de la Procuraduría, tras solicitud de la Registraduría, teniendo en cuenta que los jurados de votación son particulares que ejercen funciones públicas transitorias", explicó.
Este hallazgo será remitido a la Registraduría para que se evalúe la exclusión de la base de ciudadanos postulados, "con el propósito de garantizar la idoneidad de los jurados de votación y lograr así que el país tenga unas Elecciones Transparentes", concluyó.
