El Consejo de Estado determinó que la Nación no deberá indemnizar a un militar, que fue privado de la libertad sin que la Fiscalía General demostrará su responsabilidad en el homicidio de una persona que fue presentada como una baja del Ejército en Antioquia.
Según el militar, debía ser reparado porque era evidente "la actitud negligente, el descuido y el irrespeto a las garantías procesales en las que había incurrido la Fiscalía, demostrando así la ocurrencia de la falla en el servicio".
Sin embargo, para el Consejo de Estado aunque no hubo las pruebas, el exuniformado fue identificado por una víctima, además sus superiores manipularon las pruebas, por lo que en su contra sí existían indicios graves sobre su responsabilidad en el homicidio.
"Ello implica que la medida tuvo sustento en testimonios que fueron contrastados con prueba documental, lo que conduce a desestimar que la privación de la libertad que sufrió el militar (r) fue injusta", explicó el alto tribunal.
Cabe recordar que de acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en el país hay más de 6.400 casos de ejecuciones extrajudiciales que habría cometido la Fuerza Pública entre los años 2002 y 2008.