Ante la Sala Especial de Juzgamiento de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General realizó la acusación formal por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, contra el precandidato presidencial Sergio Fajardo.
Lo anterior, luego de que hace más de cinco años comenzara la investigación por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de sustitución de deuda entre el departamento de Antioquia, el Banco CorpBanca S.A y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), en hechos ocurridos cuando Fajardo fue gobernador, entre 2012 y 2015.
La diligencia comenzó con la Contraloría General de la República y el departamento de Antioquia, pidiendo ser acreditados como víctimas en el proceso.
Los representantes de las entidades aseguraron que Fajardo generó un detrimento en el patrimonio de la Nación al saltarse, supuestamente, pasos elementales en la contratación.
Mauricio Pava, abogado de Fajardo, no se opuso a la petición de la Contraloría de ser acreditada como víctima, no obstante, sí dejó constancia de que el ente de control revisó los contratos y dio vía libre para que se llevaran a cabo.
La Sala estudió la petición y tras un receso, decidió reconocer al departamento de Antioquia como víctima, al igual que también reconoció a la Contraloría. Lo que quiere decir, que las entidades podrán participar en la audiencia, haciendo preguntas a los testigos y emitiendo sus conceptos en los alegatos de conclusión.
Cabe mencionar que este proceso tiene como origen un préstamo que Fajardo avaló como gobernador, en donde según la Fiscalía se generaron pérdidas por 320.000 millones de pesos para el departamento de Antioquia.
Dicho contrato se firmó el 5 de diciembre de 2013 con el Banco Corpbanca Colombia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), para otorgar un empréstito por la suma de 98 millones de dólares con destino a la sustitución de unas deudas a cargo del contratante. Lo anterior, implicó el desembolso de 77 millones de dólares para realizar sustitución de deudas con otros bancos.
De acuerdo con la acusación, el contrato tenía la intención de pagar una serie de deudas de la Gobernación con tres bancos diferentes. Una con el banco BBVA, por $82.075 millones; otra con Bancolombia, por $99.450 millones, y la última con Corpbanca, del orden de $2.971 millones. En ese negocio se contempló que el desembolso del dinero y el pago de los intereses se realizarían con base en el peso colombiano, a la tasa de cambio de dólares.
No obstante, la Fiscalía aseguró que estos acuerdos llevaron a un presunto detrimento fiscal porque, al momento del desembolso, el dólar costaba 1.926 pesos colombianos, pero en 2015 ya superaba los 3.140 pesos.
Así mismo, según indicó la Fiscalía, Fajardo vulneró los principios de la función y contratación pública, de eficacia, transparencia, responsabilidad, economía y planeación, al tramitar y celebrar dicho contrato.
Los investigadores establecieron que en este caso tampoco existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario.
"Igualmente, en la investigación se estableció que en el contrato se pactó el desembolso, pago de intereses y capital en moneda nacional, sin embargo, realmente se vino ejecutando, sin justificación alguna, en dólares americanos, consecuentemente, se trató de un crédito público externo y no interno, que según el Decreto 2681 de 1993, requería para su celebración de concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público", agregó la Fiscalía.
Así mismo, en la audiencia de este lunes, el ente acusador puso de presente un anexo al escrito de acusación contra el candidato por la Coalición de la Esperanza, mismo al que el abogado Mauricio Pava presentó siete observaciones.
Pava precisó, entre otras cosas, que el crédito no fue objeto de sustitución y que el desembolso del dinero se realizó en pesos colombianos y en dos cheques girados por CorpBanca a los bancos BBVA y Bancolombia.
No obstante, el delegado de la Fiscalía negó las pretensiones de adición de la defensa y aseguró que lo que se pretendía era hacer un control material al escrito de acusación, situación que no es posible, pues a su juicio, el escrito de acusación reúne a cabalidad la premisa fáctica de la acusación y en él se condensan los hechos jurídicamente relevantes.
La Fiscalía señaló que, para la época de los hechos, el instituto Idea supuestamente carecía de capacidad financiera para poder participar en esta contratación, presentando la propuesta solo el 28 de noviembre de 2013 y que posiblemente Fajardo habría participado en la escogencia de la entidad.
Adicionalmente, la Fiscalía reveló que en el proceso se presentarán más de 707 pruebas documentales y testimoniales para probar la responsabilidad de Fajardo, mismas que fueron solicitadas por la defensa, quien pidió a la Sala que el ente acusador hiciera un completo descubrimiento del material probatorio.
La Corte le dio tres días a la Fiscalía para hacerle llegar las pruebas a la defensa de Fajardo y hasta el próximo año iniciarán las audiencias preparatorias en este caso, que, sin duda, harán un importante peso en las jornadas electores en donde el candidato espera llegar a la segunda vuelta.