El fiscal Francisco Barbosa advirtió que por la situación de orden público que atraviesa el país, en las elecciones del próximo 29 de octubre se podría repetir la parapolítica o iniciar una bacrimpolítica.
“Seguramente ustedes van a ver urnas en muchos municipios del país en donde votaron toda la población por un candidato. Eso es lo que va a pasar. Eso es un elemento ya central para que haya procesos judiciales y estemos hablando en dos o tres años de la bacrimpolítica, de la parapolítica otra vez, pero ya no por una intención inequívoca de control de esos territorios desde el ejecutivo, sino porque se abandonó el control desde el ejecutivo de esas zonas del país”, dijo.
Asimismo, Barbosa reveló que en 100 municipios donde hay seis o siete partidos históricamente oficiales no han podido -y no pudieron- inscribirse en esas zonas. Adicionalmente, 261 municipios presentan riesgo alto, 494 en riesgo medio y 366 en riesgo bajo en el país.
El jefe del ente acusador recordó como en el Cesar, Córdoba, Sucre, en la época de la paramilitarización, y según el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, “el 35% del Congreso lo tenían en el bolsillo” riesgo al que el país podría exponerse nuevamente.
A su turno, la Registraduría confirmó que han detectado que siete candidatos tienen nexos con la bacrim en Sucre, mientras que en Ricaurte tanto el Eln como las Disidencias tienen sus propios candidatos y atemorizan a la región y finalmente en Rosas, Cauca, los pobladores han recibido llamadas para votar por determinado candidato.
“No solo hablamos de constreñimiento, zonas rurales de municipios en Nariño, Cauca y Sucre, donde le han dicho a la población por quién deben votar, el caso lamentable es la candidata de Piamonte que al no haber aceptado la renuncia por amenazas fue atentada contra su vida y también información que tenemos que hay sectores de candidatos del Catatumbo que están recibiendo financiación”, afirmó.
Además, el registrador nacional anunció una decisión de la Rama Judicial en la ciudad de Tuluá:
“La información que recibo y por parte de la presidenta del Tribunal Superior Judicial de Tuluá, donde ustedes bien saben que los que escrutan los votos son nuestros jueces de la República, nos dicen que por temas de orden público y seguridad no van a designar comisión escrutadora, ya envíe el oficio al señor ministro para que nos garantice a los jueces de la República, no solo en Tuluá donde hay problemas de orden público en el mapa de riesgo electoral porque si no tenemos comisiones escrutadoras va a ser imposible escrutar los votos y eso es una pieza fundamental”.
Mientras que el contralor (E) Carlos Mario Zuluaga advirtió que en algunas regiones del país no han podido ingresar a realizar las auditorías necesarias, han detectado que existieron candidatos reportados en el boletín de responsables fiscales y además se cuentan con 1000 alertas por anticipos en contratación que no se estarían usando en los objetivos de las obras, sino al parecer en temas políticos.