El Consejo de Estado, a través de un concepto, aseguró que era viable y necesario que el Instituto Nacional de Vías -Invías- adelantara una nueva licitación para terminar la obra del túnel de La Línea, pues con la Unión Temporal Segundo Centenario solo logró que se completara el proyecto en un 88 %.
En el concepto entregado al Ministerio de Transporte, el alto tribunal explicó que adelantar la licitación para terminar la obra era una obligación del Estado para así proteger los recursos públicos y evitar daños patrimoniales y del medio ambiente.
“Los expertos advirtieron que la para de las obras por un tiempo demasiado prolongado suponía un riesgo ambiental y técnico que, eventualmente, causaría efectos negativos sobre otros contratos en torno al proyecto Cruce de la Cordillera, que en ese entonces estaba en vigencia (…) podía derivar en una eventual responsabilidad contractual del Estado, así como un detrimento patrimonial, debido al deterioro de las obras”, indicó la corporación.
En este mismo concepto, el Consejo de Estado le aclaró al Ministerio de Transporte que al realizar la nueva licitación no había motivo para realizar un doble pago, ya que de lo que se trataba era de que el Estado cumpliera con su deber de finalizar el contrato, proteger el patrimonio estatal, evitar daños medioambientales, patrimoniales y ecológicos.
Concluyó el concepto puntualizando que con el fin de que la nueva licitación cumpliera todas las condiciones, el Invías debía informar al Departamento Nacional de Planeación sobre los pagos realizados y dar cuenta de la conciliación pactada por las partes y aprobada por un juez arbitral.
“La entidad estaba en el deber de formular adecuadamente los pliegos de condiciones del nuevo proceso contractual, en relación con el pago de anticipos, forma de pago y distribución de riesgos, con el fin de evitar que se repitiera la circunstancia que motivó la consulta”, finalizó el Consejo de Estado.