La Procuraduría llama a juicio a Argenis Velásquez por corrupción en caso 'Cartel de la Toga'
La Procuraduría General de la Nación ha decidido llevar a juicio disciplinario a la exrepresentante a la Cámara, Argenis Velásquez, por su presunta implicación en el escándalo del Cartel de la Toga. La relación al caso se centra en la acusación de que Velásquez habría entregado una suma de 130 millones de pesos a un magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, en un intento de asegurar un trato favorable en un proceso penal que se estaba llevando a cabo en dicho tribunal.
De acuerdo con las autoridades de control, el propósito subyacente de estas supuestas acciones por parte de Velásquez habría sido eludir la posibilidad de enfrentar una detención o ser citada a juicio en relación con las acusaciones de apropiación indebida de una suma de 300 millones de pesos durante su mandato como alcaldesa de Orito, en el departamento de Putumayo, entre los años 2009 y 2010.
El Ministerio Público ha destacado que esta aparente conducta de la excongresista representa una desviación de su responsabilidad en el servicio público, erosionando la confianza que los ciudadanos habían depositado en ella al elegirla como su representante en el órgano legislativo.
La Procuraduría también ha subrayado que estas acciones presuntamente emprendidas por Velásquez habrían socavado el principio de moralidad administrativa, ya que al parecer habría empleado su posición y funciones para subvertir la ley que, en su calidad de funcionaria pública, estaba comprometida a respetar. Se alega que utilizó tácticas fraudulentas, incluido el ofrecimiento y pago de sumas de dinero a magistrados, con el objetivo de evitar el escrutinio de la ley penal.
En una reciente develación, un juez de la República emitió un veredicto condenatorio contra la excongresista Velásquez, sancionándola con una pena de más de cinco años de prisión. Este fallo se derivó de los mismos hechos que ahora se encuentran bajo escrutinio en el juicio disciplinario liderado por la Procuraduría General de la Nación. La sentencia resalta la importancia de rendir cuentas por las conductas que atentan contra la integridad y la ética en el ejercicio de la función pública.
