La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a cinco personas que estarían involucradas en recibir dineros de la constructora Odebrecht, para pagar dádivas a intermediarios y funcionarios que intercedieron para que la multinacional brasileña fuera favorecida con varios otrosíes al contrato ‘Ruta del Sol II’.
Se trata del exalcalde de Gamarra (Cesar), Gabriel Alberto Giraldo Escudero, su hermano Jaime Helí Giraldo Escudero; los representantes legales de la empresa Midas S.A.S, Wilson Ruiz Tello y Carlos Emilio Abuabara Vega; y la propietaria de la compañía, Lina María Bermúdez Aljuri.
Según la investigación de la Fiscalía, en septiembre de 2015, el entonces director de la zona norte del Consorcio Constructor Ruta del Sol (Consol), Marcio Marangoni, se reunió en una finca de Gamarra (Cesar) con el exsenador Otto Nicolás Bula Bula y el exviceministro de Transporte, Federico Gaviria, para definir la forma en la que les harían llegar los dineros prometidos por garantizar la adición del tramo Ocaña – Gamarra al proyecto ‘Ruta del Sol II’.
Luego de dos encuentros definieron que acudirían al entonces alcalde de Gamarra y a su hermano y así el exmandatario, al parecer, consiguió que la empresa Midas S.A.S., en la cual trabajaban varios exfuncionarios de la Alcaldía de Gamarra, se prestara para celebrar contratos ficticios con el fin de dar apariencia de legalidad a los sobornos enviados por Odebrecht.
A finales de 2015, Midas S.A.S. suscribió un contrato con Consol para el transporte y suministro de agregados pétreos por 1.200 millones de pesos, sin embargo, tal empresa no tenía infraestructura ni capacidad para cumplir el contrato, y a inicios de 2016, nuevamente firmó un contrato con el Consorcio Navelena, del que hacía parte Odebrecht, que tenía el mismo propósito, pero esta vez se pagó 1.639 millones de pesos.
Tras recibir los millonarios pagos, los representantes legales tomaron más de mil millones de pesos y el resto del dinero lo dirigieron a Bula y a otras personas que sirvieron de intermediarias de Odebrecht con previo conocimiento de la propietaria de la empresa.
Ante estos hechos, la Fiscalía les imputó a Gabriel Alberto Galindo Escudero y Jaime Helí Giraldo Escudero, los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, mientras que a Lina María Bermúdez Aljuri, el delito de enriquecimiento ilícito de particulares y finalmente a Wilson Ruiz Tello y Carlos Emilio Abuabara Vega, los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, enriquecimiento ilícito propio y falsedad en documento privado.
Los procesados no aceptaron los cargos y se declararon inocentes.