Un juez de la República multó con 10 salarios mínimos legales vigentes, es decir con casi 11.600.000 pesos, a la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica y al director de gestión de bienes públicos rurales del Ministerio, Andrés Camelo, por un presunto desacato a una orden judicial.
Según el funcionario judicial, el ministerio de Agricultura actuó de manera negligente al no darle respuesta a la petición de un campesino que solicitó cobrar su subsidio de vivienda en el municipio que vivía y no en Bogotá como le exigían o de lo contrario se le descontaba una comisión por el desembolso.
En marzo de 2023, cuando el juzgado conoció el caso le solicitó al ministerio de Agricultura que la persona pudiera reclamar su subsidio en una sucursal más cercana a su residencia y sin que se generaran costos extras, sin embargo, la solución no se dio, a lo que el juez ordenó que la cartera de Agricultura corriera con los gastos del hombre para venir a Bogotá, pero nuevamente no hubo respuesta.
“En ninguna oportunidad dentro de todo este trámite constitucional ha presentado pronunciamiento alguno”, aclaró el juez refiriéndose a la ministra Mojica y añadió que además al campesino le siguieron diciendo que solo le entregaban su auxilio en Bogotá, pese a las solicitudes y órdenes.
“Tal situación no generaría algo diferente a una desfinanciación del mismo subsidio de vivienda, pues no tendría razón lógica que el beneficiario asuma, desde su propio pecunio, las imposiciones que el Ministerio de Agricultura le ha impuesto al no efectivizar el desembolso del subsidio de vivienda, en una modalidad que permita al beneficiario hacer el canje en el lugar más cercano a su domicilio pero que no se generen costos adicionales por tal actuación”, indicó la decisión.
Finalmente, el juzgado al momento de imponer la multa aseveró que este no es el único caso en el que no se ha dado respuesta a los beneficiarios de los subsidios. Los funcionarios podrán apelar la sanción.