Tras 16 años de estar en los Estados Unidos, pagando una condena por ingresar a ese país 100 mil kilogramos de cocaína, el exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, llegó deportado a Colombia a cumplir con su rol de gestor de paz, colaborar con las víctimas y responder ante Justicia y Paz, la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz.
Ley de justicia y paz
Mancuso se acogió a la ley de Justicia y Paz durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe en el marco de su desmovilización en 2004, donde tenía que pagar una pena de ocho años de prisión por su responsabilidad en las masacres de Mapiripán, el Salado y el Aro, reclutamiento de menores, desapariciones, desplazamientos forzados, violencia de género, entre otros delitos por los que tiene vigentes más de 30 medidas de aseguramiento. En esta justicia tiene dos condenas.
En esta justicia se le señaló de más de cinco mil crímenes que dejaron más de 6500 víctimas en Colombia en al menos nueve de los 32 departamentos del país.
Aunque una juez le había concedido la libertad por cuatro años al considerar que ya había cumplido las penas, la Corte Constitucional le dio un mes al Tribunal Superior de Bogotá para decidir de fondo este caso, sin embargo, teniendo en cuenta que tiene otros procesos pendientes no podría obtener la libertad.
Justicia ordinaria
Con la justicia ordinaria tiene pendiente un proceso por lavado de activos y concierto para delinquir relacionados con el narcotráfico, después de su desmovilización, caso por el que la Corte Suprema de Justicia en 2020 advirtió que no podía recuperar la libertad, sin embargo, de demostrar su responsabilidad en estos hechos podría perder los beneficios de Justicia y Paz y exponerse a penas de más de 40 años de prisión.
Adicionalmente, hoy la Fiscalía vinculo formalmente a Mancuso como posible autor del asesinato del exdecano de la facultad de educación de la Universidad de Magdalena, Roque Alfonso Morelli Zarate, ocurrido el 5 de septiembre de 2002 y lo citará para ser escuchado en indagatoria.
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)
Aunque en 2018, el exjefe paramilitar fue rechazado en la Jurisdicción Especial para la Paz, el año pasado su sometimiento fue aceptado como bisagra, por lo que se espera que aporte las pruebas y verdad para esclarecer los hechos de violencia que vivió Colombia, así como los nexos de los paramilitares con la política, la fuerza pública, los empresarios y otros sectores que de una u otra manera se vieron beneficiados con el actuar de este grupo ilegal.
Te puede interesar: Jhonier Leal fue condenado por el homicidio agravado de su hermano y madre
En este punto, la información que Mancuso tiene es clave en el macrocaso 08 que investiga crímenes cometidos por la fuerza pública con los paramilitares, el macrocaso 04 que prioriza a la región del Urabá, en el macrocaso 03 que investiga los mal llamados falsos positivos y finalmente en el caso por la victimización de la Unión Patriótica.
Gestor de paz
Con su regresó al país se espera que Salvatore Mancuso apoye el acercamiento con otros actores de la violencia en Colombia, así como ayude a las víctimas en la ubicación de personas desaparecidas en el país, luego que por ejemplo ante la JEP, él reconociera que más de 200 personas fueron desaparecidos en hornos crematorios o en Venezuela.
¿Quedará libre Mancuso?
Si bien en un principio se advirtió que podía quedar libre a su llegada al país, teniendo en cuenta que las AUC no tiene reconocimiento político, no se levantarían las órdenes de captura en su contra, así como ha pasado con el Clan del Golfo. Además, el Gobierno Nacional ha manifestado que está designación no es una amnistía o indulto.
Sin embargo, entre el viernes y el lunes se realizará una audiencia en la que se definirá su situación jurídica y dependiendo los procesos judiciales que tenga pendiente se tomaría una determinación de fondo.