Según expresó la Defensoría del Pueblo, se registró el maltrato contra periodistas por parte de personas que participaban en las marchas. El caso en particular fue presentado en Barranquilla, conocido a través de la regional Atlántico de la entidad.
“Rechazamos cualquier forma de señalamiento contra los medios de comunicación que pretenda amedrentar o restringir el derecho a la libertad de prensa. Uno de los pilares de nuestra democracia es el respeto y garantías al ejercicio pleno a la libertad de prensa”, expresó la entidad.
A su vez, aseguraron que “resulta fundamental, tanto el respeto a la libertad de expresión de quienes salen a manifestar sus inconformismos de forma pacífica, como el respeto a la libertad de prensa en el ejercicio propio que adelantan los periodistas de cualquier medio de comunicación”.
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Finalmente, la entidad aseguró que ya tuvo contacto con los periodistas que fueron maltratados verbalmente por manifestantes, asimismo, también conversaron con los voceros de las marchas para evitar este tipo de situaciones.
Cabe recordar que en Colombia la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) solicitó a las autoridades garantizar el ejercicio de la prensa libre.
Adicional, en las últimas semanas la Corte Constitucional reconoció la violencia que diariamente viven las mujeres periodistas en el país y que ha crecido a través de Internet, como lo señalaron por medio de una tutela varias comunicadoras, víctimas de estos hechos.
“Los ataques en línea son una nueva esfera donde se llevan a cabo agresiones contra las mujeres periodistas relacionadas con el género, usualmente de naturaleza misógina y de contenido sexualizado”, señala la tutela de las periodistas.
Al estudiar el recurso, la Corte determinó que: “la violencia contra las mujeres periodistas es un mal generalizado que muestra una faceta específica de la violencia generalizada contra la mujer. En efecto, acallar al periodista, pero sobre todo acallar a la mujer periodista, es una manifestación de la tendencia a que ciertos hechos no se develen, sobre todo en democracias deficitarias o con tendencia a gestionar sus problemáticas por canales distintos al diálogo racional”.
Ante estos hechos, el alto tribunal dio la orden a todos los partidos y movimientos políticos para que creen un Código de Ética para sancionar los hechos de violencia e implementar una ruta de acceso para las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia.
Asimismo, ordenó a los ministerios de Justicia y de las TIC que en máximo tres meses presente un proyecto de ley para regular la violencia digital o en línea contra las mujeres, y en particular, contra las mujeres periodistas.