La Contraloria General de la República entregó un panorama preocupante sobre el acceso al agua en el país, resaltando que pese a que Colombia es uno de los países con mayor riqueza hídrica, el 11,1% de los hogares colombianos no tiene acceso al servicio de acueducto.
De acuerdo con el ente de control, además nueve de los 32 departamentos tienen déficits superiores al 45% en la cobertura del servicio de acueducto de sus hogares: Putumayo, Guaviare, La Guajira, Amazonas, San Andrés, Chocó, Vaupés, Vichada y Guainía.
“Durante los últimos 22 años, la mitad de los municipios de Colombia ha sufrido por desabastecimiento de agua, un aproximado de 565 municipios en 26 departamentos, lo cual implica que un poco más del 25% de la población carece de acceso adecuado al agua potable, sobre todo en la llamada Colombia rural”, explicó el contralor general (e) Carlos Mario Zuluaga.
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Pero además debido a la falta de acueducto y saneamiento, la población también debe enfrentarse a enfermedades como cólera, fiebre tifoidea y paratifoidea y salmonella. Sumándose a esta situación, que en algunas regiones del país la calidad del agua que llega por los acueductos no es apta para el consumo humano.
“A medida que aumenta la población que consume agua de mala calidad, se incrementa el índice de ingresos hospitalarios asociados con enfermedades gastrointestinales, los cuales ocasionan un gran impacto fiscal, el cual, por ejemplo, sólo entre 2011 y 2015 le costó al Estado cerca de $42.986 millones”, indicó la Contraloria.
Otro punto que destacó el contralor Zuluaga es que durante los años 2018 a 2022, de los 32 departamentos de Colombia, en 10 de ellos el promedio en el suministro de agua para el periodo no alcanzó a cubrir las 20 horas por día, como es el caso de San Andrés, Cesar, Chocó, La Guajira, Magdalena, Meta, Putumayo, Sucre, Vaupés y Vichada.
“Se observó una disminución significativa en la prestación de servicio público de agua en cerca de 11 departamentos durante el periodo 2018-2022, mostrando un incremento negativo relevante en los departamentos de San Andrés, Chocó, Huila, y Vichada, entre otros”, dijo Zuluaga.
Asimismo no se ha logrado satisfacer la provisión de agua potable a una proporción muy significativa de la población, pese a la destinación de recursos financieros, pues “ de los 478 proyectos en materia de acueducto durante el periodo 2018-2023, 192 se encuentran en activos o en ejecución, de los cuales 40, por valor de 546 mil millones de pesos, se encuentran en estado suspendido y podrían estar en riesgo”.
Ante estos hechos, la Contraloria General, entre el segundo semestre de 2022 y lo corrido de 2024, ha adelantado 28 indagaciones preliminares de las cuales 10 fueron trasladadas con solicitud de inicio de proceso de responsabilidad fiscal por una cuantía de $36.300 millones; además, se han efectuado 43 auditorías de las que se desprenden 116 hallazgos fiscales por una cuantía superior a $197.000 millones y 16 beneficios de auditoría por un valor de $248 millones de pesos, evitándose así la pérdida del recurso público.
“También se ha finalizado el trámite de 142 denuncias las cuales condujeron a 48 hallazgos fiscales por una cuantía de $152.051.872.286 y 3 beneficios por $30.400 millones”, concluyó.